La Audiencia Nacional solicita al Gobierno los informes desclasificados sobre la crisis migratoria en Ceuta
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha requerido formalmente al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la remisión de los documentos desclasificados esta semana en relación con la crisis migratoria en Ceuta. El objetivo de la diligencia es incorporar estos informes a la causa judicial que investiga la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma, ocurrida el pasado mes de julio.
A través de una providencia, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha solicitado al departamento dirigido por Félix Bolaños una copia autenticada de los informes y comunicaciones publicados recientemente en la página web de La Moncloa. La magistrada busca analizar la documentación que acredita las advertencias previas realizadas por los servicios de inteligencia antes de que se produjeran los incidentes fronterizos.
Según la información que ahora se pretende judicializar, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) notificó a la Delegación del Gobierno en Ceuta la existencia de llamamientos en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea para realizar un «asalto por valla y mar». Estas alertas se habrían producido el 29 de julio, un día antes de que se registrara la entrada de miles de personas procedentes de Marruecos a través del espigón fronterizo.
Los informes del CNI recogen asimismo que el refuerzo de seguridad implementado por Marruecos tras la concentración de personas resultó «insuficiente». El servicio de inteligencia constató que las autoridades del país vecino solo desplegaron unidades antidisturbios tres horas después de que la frontera se viera desbordada por las entradas a nado, lo que permitió el avance de los flujos migratorios irregulares hacia territorio español.
La jueza Tardón asumió la competencia de la investigación al considerar que los hechos podrían constituir conductas delictivas que afectan gravemente a la integridad territorial de España. En resoluciones anteriores, la instructora ha señalado indicios de una «gestión favorecedora» del proceso desde el Reino de Marruecos, fundamentada en el comportamiento observado de sus fuerzas de seguridad durante el desarrollo de la crisis.
En el marco de este procedimiento, el Estado español y la Ciudad Autónoma de Ceuta figuran como acusación particular y perjudicados. Por su parte, la acusación popular es ejercida por diversas organizaciones y formaciones políticas, entre las que se encuentran el Partido Popular, Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, quienes han solicitado el esclarecimiento de las responsabilidades derivadas de la gestión de la frontera durante el periodo investigado.
