El Congreso aprueba la concesión de la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración colonial
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la proposición de ley para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los ciudadanos saharauis nacidos en el territorio del Sáhara Occidental durante el periodo de administración de España. La iniciativa, impulsada originalmente por el grupo parlamentario Sumar, tiene como objetivo subsanar el limbo jurídico de miles de personas que perdieron su vínculo administrativo con el Estado español tras la retirada del territorio en 1976.
La medida ha salido adelante con el apoyo mayoritario del bloque de la izquierda y de las formaciones nacionalistas vascas y catalanas. En el arco parlamentario de la oposición, el Partido Popular ha optado por la abstención, mientras que Vox ha votado en contra de la propuesta. Esta aprobación parlamentaria se produce en un escenario de especial sensibilidad diplomática con el Reino de Marruecos, condicionado por la reciente presión migratoria en la frontera de Ceuta durante el periodo estival.
La normativa establece que podrán acogerse a este procedimiento quienes acrediten haber nacido en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977. Para ello, los solicitantes deberán aportar documentación oficial expedida por la administración española de la época, tales como el Documento Nacional de Identidad (DNI) —aunque esté caducado—, certificados de nacimiento, de escolarización o la inscripción en el censo elaborado por la ONU en 1974. Asimismo, la ley extiende este derecho a los descendientes en primer grado de consanguinidad de los beneficiarios.
Desde una perspectiva institucional, la medida se presenta como un acto de reparación para un colectivo que, tras la firma de los Acuerdos de Madrid en 1975 y la posterior salida de España en febrero de 1976, quedó desprovisto de una nacionalidad efectiva. Según el marco jurídico internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado un territorio no autónomo pendiente de descolonización, manteniendo España la condición formal de potencia administradora de iure.
Las estimaciones manejadas durante el debate parlamentario sitúan el número potencial de beneficiarios entre las 80.000 y 100.000 personas. Además de la concesión directa por carta de naturaleza, el texto aprobado incluye una disposición para reducir los plazos de residencia legal exigidos al resto de ciudadanos de origen saharaui que deseen solicitar la nacionalidad española por la vía ordinaria, equiparando su situación a la de otros colectivos con vínculos históricos y culturales con España.
La situación de la población saharaui es actualmente heterogénea, con una parte residiendo en el territorio controlado de facto por Marruecos, otra en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) bajo la gestión del Frente Polisario, y una significativa diáspora establecida en territorio español. Tras recibir el aval de la Cámara Baja, la proposición de ley será remitida al Senado para continuar con el trámite legislativo correspondiente antes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado.
