Un juzgado de instrucción de Madrid ha iniciado las diligencias previas para investigar una presunta trama de malversación de caudales públicos en el seno del Ministerio de Industria y Turismo. La investigación se centra en un sistema de supuestas dietas infladas en las Consejerías de Turismo en el exterior, bajo la supervisión del Instituto de Turismo de España (Turespaña), tras una querella que señala irregularidades sistemáticas en el cobro de gastos de manutención por actividades que ya estaban cubiertas por programas oficiales.
El núcleo de la investigación se sitúa en la Consejería de Turismo de Oslo, aunque los indicios sugieren que prácticas similares podrían haberse reproducido en otras sedes diplomáticas de relevancia, como Nueva York y Milán. Según el auto judicial, el fraude consistiría en el abono reiterado de dietas por comisiones de servicio a pesar de que las comidas y cenas de los funcionarios ya se encontraban sufragadas por los presupuestos de los actos de promoción de la Marca España.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha detectado indicios delictivos en el relato de los hechos, señalando que no se trata de actuaciones aisladas de carácter local. En su escrito, el Ministerio Público sostiene que estas prácticas responderían a una operativa mantenida en el tiempo y con la intervención de distintos niveles de la organización administrativa. Por este motivo, se investiga la presunta responsabilidad de ocho altos cargos y exdirectivos de Turespaña por delitos de malversación, encubrimiento y tráfico de influencias.
La querella, admitida a trámite tras recibir el respaldo inicial de la Fiscalía, incluye material probatorio consistente en comunicaciones internas y correos electrónicos. Estos documentos sugerirían que la cúpula del Ministerio de Industria y Turismo fue informada de las irregularidades por el propio consejero de turismo en Oslo, sin que se tomaran medidas para frenar el presunto gasto indebido de fondos públicos. Los pagos habrían sido autorizados de forma continuada por los responsables de las respectivas consejerías.
En la actualidad, el procedimiento se encuentra en una fase de determinación competencial para decidir si la instrucción debe permanecer en un juzgado ordinario o si, por la naturaleza de los hechos ocurridos en el extranjero y la afectación a la matriz del organismo en España, debe ser asumida por la Audiencia Nacional. La controversia jurídica radica en si las omisiones de control en la sede central de Turespaña justifican el desplazamiento de la causa a una instancia superior.
El Instituto de Turismo de España cuenta con 33 consejerías distribuidas globalmente para la promoción exterior del país. Estos puestos, considerados de alta responsabilidad, perciben remuneraciones que oscilan entre los 140.000 y los 300.000 euros anuales, en su mayor parte exentos de tributación. Al ser un organismo autónomo, su gestión económica está sometida al régimen de contabilidad pública y al control de la Intervención General de la Administración del Estado y del Tribunal de Cuentas.
Hasta el momento, el organismo afectado no ha emitido una valoración oficial sobre el procedimiento judicial en curso ni sobre las acusaciones de inacción por parte de sus servicios centrales ante las denuncias internas presentadas por los funcionarios que detectaron el presunto fraude.
