El Gobierno defiende el derecho al voto tras la suspensión cautelar del censo por la «ley de nietos»

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el carácter «sagrado» del derecho al voto tras la publicación íntegra de los autos del Tribunal Supremo que suspenden temporalmente las altas en el censo electoral vinculadas a la Ley de Memoria Democrática. La decisión judicial responde a la estimación parcial de las medidas cautelares solicitadas por las formaciones Iustitia Europa y Vox.

La resolución del alto tribunal deja en suspenso las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de aquellos ciudadanos que han obtenido la nacionalidad española a través de la denominada «ley de nietos». Esta medida se mantendrá vigente hasta que las oficinas consulares acrediten formalmente que los solicitantes cumplen con los requisitos de ser descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura.

En una declaración institucional difundida este jueves, Bolaños ha sostenido que el Ejecutivo mantendrá su defensa de la «igualdad de todos los españoles» para garantizar que no existan distinciones en el ejercicio de sus derechos civiles. El titular de Justicia ha vinculado las críticas a la normativa con una voluntad de la oposición de limitar la participación democrática de los residentes en el exterior.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha sumado a la postura del Gobierno instando al Tribunal Supremo a resolver la situación jurídica «lo antes posible». Torres ha subrayado la importancia de clarificar el estatus de estos ciudadanos con anterioridad al año 2027, fecha prevista para los próximos procesos electorales, argumentando que el acceso al sufragio es un pilar fundamental del sistema democrático.

Los autos del Tribunal Supremo justifican la medida cautelar basándose en el «incremento extraordinario» del CERA tras la aprobación de la ley y una instrucción posterior. Según el tribunal, la posibilidad de irregularidades en el proceso de nacionalización genera un «peligro fundado, real y serio» que podría comprometer la objetividad y la transparencia del sistema electoral español.

Desde el ámbito parlamentario, el Partido Popular ha reaccionado a la noticia exigiendo responsabilidades al Gobierno. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha calificado la decisión del Supremo como un «varapalo» a la gestión del Ejecutivo y ha cuestionado la validez del procedimiento de inscripción en el censo electoral bajo la actual normativa de memoria democrática.