lunes, noviembre 9, 2026
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Multadas todas las empresas que licitaron el tramo de Urda

Las empresas licitadoras del contrato de señalización del AVE Madrid-Sevilla fueron sancionadas por integrar un cártel ferroviario

Las tres compañías que concurrieron a la licitación de Adif para la renovación de los sistemas de señalización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla resultaron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por su participación en un cártel que manipuló concursos públicos durante quince años. Siemens Rail Automation, CAF Signalling y Thales España GRP —esta última adjudicataria del contrato por 77,5 millones de euros— forman parte de la investigación que ahora supervisa la Fiscalía Europea ante el posible uso irregular de fondos comunitarios en dicho proyecto.

El expediente de Adif-Alta Velocidad 3.20/20810.0063, destinado a sustituir el sistema de seguridad LZB por el estándar europeo ERTMS, se encuentra bajo el foco institucional tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda el pasado octubre. Según la documentación técnica, el objeto del contrato incluía la redacción del proyecto y la ejecución de obras de modernización de telecomunicaciones y control de tráfico, una actuación considerada estratégica para la seguridad de la infraestructura andaluza.

La resolución de la CNMC del 29 de septiembre de 2021 acreditó que estas sociedades, junto a otras del sector, conformaron una estructura para el reparto de al menos 82 licitaciones públicas entre 2002 y 2017. El organismo regulador impuso multas de diversa cuantía: 17 millones de euros para Thales España y 1,73 millones para CAF Signalling. Por su parte, Siemens Rail Automation recibió una sanción inicial de 18,9 millones, reducida posteriormente a 9,45 millones tras acogerse al programa de clemencia y colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.

El sistema de manipulación descrito por la CNMC consistía en el establecimiento de cuotas de reparto y el uso de «ofertas de acompañamiento». Mediante este mecanismo, las empresas presentaban propuestas técnicas y económicas coordinadas para asegurar que la adjudicación recayera en la compañía previamente designada por el cártel, eliminando así la competencia real. En el caso específico del contrato del AVE Madrid-Sevilla, Thales obtuvo la adjudicación con una oferta a la baja del 28%, lo que motivó que el gestor de infraestructuras solicitara aclaraciones técnicas antes de formalizar el acuerdo.

La cronología de los hechos muestra que Adif acordó la adjudicación a Thales el 14 de septiembre de 2021, apenas quince días antes de que se publicara la resolución sancionadora de la CNMC. Aunque la sanción no se había dictado en el momento de la apertura de sobres, el contrato se formalizó el 13 de octubre, cuando la resolución ya era pública. Esta circunstancia ha cobrado relevancia en el marco de la investigación de oficio abierta por la Fiscalía Europea, que analiza el destino de los 77,5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado recientemente personaciones en las sedes de Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el Tribunal de Cuentas para recabar el expediente administrativo completo. La investigación busca determinar si existió fraude en la utilización de los fondos comunitarios o deficiencias en el proceso de contratación de unos sistemas de seguridad que debían sustituir al sistema LZB, el cual se encontraba operativo en el momento del siniestro en el trazado de alta velocidad.

Por último, cabe señalar que la resolución de Competencia contemplaba la prohibición de contratar con la administración pública para las empresas responsables de falsear la competencia. Sin embargo, Siemens Rail y Siemens SA quedaron excluidas de esta restricción de forma expresa por su colaboración, mientras que para el resto de las compañías implicadas, el alcance y duración de dicha prohibición quedó pendiente de un procedimiento administrativo posterior.

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