La Guardia Civil requiere información en la sede de Adif por presuntas irregularidades en obras de Asturias

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron el pasado viernes en la sede central del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Madrid. El requerimiento de información, realizado por orden judicial, se enmarca en la investigación sobre presuntos amaños en la adjudicación de obra pública que afectaría a contratos relacionados con el entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La diligencia fue dispuesta por el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, quien dirige las pesquisas sobre una posible red de beneficios a empresas determinadas. Durante la intervención en las oficinas del gestor ferroviario, los efectivos policiales solicitaron documentación específica al director de Coordinación de la Dirección General Financiera de Compras y Contratación de Adif, Jesús María Campo, en relación con un proyecto ejecutado en el Principado de Asturias.

El contrato bajo el foco de los investigadores es la adjudicación de emergencia para las obras de estabilización de taludes en las trincheras situadas en la línea 750 de la red de ancho métrico, concretamente en el tramo entre Gijón Sanz Crespo y Pravia. Los trabajos fueron desarrollados por la empresa Levantina Ingeniería y Construcción, bajo la dirección de José Ruz, y están siendo analizados para determinar si existieron irregularidades en el proceso administrativo o en su certificación final.

De forma paralela a la presencia de los agentes en la sede de la compañía, la secretaria general de Adif, Irene Bonet, procedió a remitir al Juzgado Central de Instrucción un informe detallado. Este documento incluye la revisión de la documentación justificativa de la propuesta de certificación final del contrato, con el fin de colaborar con la instancia judicial en el esclarecimiento de los hechos.

Esta actuación se produce en un contexto de intensificación de las diligencias judiciales para auditar los contratos de emergencia tramitados durante la anterior etapa del Ministerio de Transportes. La investigación busca determinar si los procedimientos de adjudicación directa cumplieron con los requisitos legales o si fueron utilizados para favorecer intereses particulares de empresarios vinculados a la trama investigada.