Sánchez remite al Gobierno de Ceuta la responsabilidad sobre la permanencia de menores extranjeros en la ciudad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este miércoles a las competencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta para explicar la situación de los cientos de menores extranjeros no acompañados que permanecen en la localidad. Tras la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo ha instado a los medios de comunicación a trasladar las consultas sobre la gestión de estos jóvenes al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP).
La declaración se produce un mes y medio después de los episodios de entrada masiva registrados a finales de julio. Ante las preguntas de la prensa en los pasillos de la Cámara Baja sobre la presencia de aproximadamente un millar de menores en la vía pública y playas de la ciudad autónoma, Sánchez ha señalado directamente a la administración local: «Eso pregúntaselo a Vivas», afirmó el presidente mientras se dirigía a la salida del recinto.
Desde el Ejecutivo central se fundamenta esta postura en el reparto de responsabilidades legales vigente. Según el marco competencial, la tutela y gestión directa de los menores de edad es atribución del Gobierno de Ceuta. Por su parte, el Gobierno de la nación mantiene las competencias sobre los trámites administrativos de los ciudadanos mayores de edad y los procedimientos de retorno de aquellos que no tengan derecho a permanecer en territorio español, en coordinación con las autoridades de Marruecos.
En sintonía con las palabras del presidente, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien encabeza el mando único para esta crisis, subrayó recientemente que la ciudad autónoma es la encargada de precisar el censo exacto de menores bajo su tutela. Las estimaciones oficiales del Ministerio sitúan la cifra actual entre los 700 y los 1.000 niños y niñas que aún no han sido plenamente integrados en los sistemas de acogida reglados.
Durante el debate previo en el hemiciclo, la cuestión migratoria fue centro de fricción política. El presidente Sánchez acusó al Partido Popular de «cronificar» la crisis y de dificultar la interlocución institucional. Por su parte, la administración central reitera que el compromiso público de Marruecos para la readmisión de ciudadanos debe ser gestionado conforme a los protocolos establecidos, mientras la presión asistencial continúa afectando de forma directa a los recursos de la Ciudad Autónoma.
