Vox denuncia ante el Congreso la situación en Ceuta y anuncia medidas legales contra la gestión del Gobierno
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Pepa Millán, y el diputado Ignacio Gil-Lázaro han protagonizado este miércoles una interpelación al Ejecutivo durante la sesión de control, centrada en las consecuencias de la crisis migratoria en Ceuta. La formación ha cuestionado duramente la eficacia de las medidas adoptadas por el Gabinete de Pedro Sánchez, calificando las ayudas propuestas como insuficientes y anunciando su intención de judicializar la actuación gubernamental por considerar que se ha puesto en riesgo la integridad territorial y la seguridad ciudadana.
Durante su intervención dirigida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, Millán ha rechazado el plan de ayudas económicas del Ejecutivo para la ciudad autónoma. Según la portavoz, estas medidas representan un intento de silenciar las reivindicaciones de los ceutíes frente a lo que describe como una «invasión del territorio español». Millán ha vinculado la situación migratoria con un deterioro de la convivencia, citando datos que atribuye a la Fiscalía sobre agresiones y allanamientos, y ha acusado al Gobierno de promover un proceso de «desnacionalización».
Por su parte, el diputado Ignacio Gil-Lázaro ha dirigido sus críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha acusado de faltar a la verdad sobre el despliegue de efectivos en la zona. Gil-Lázaro ha sostenido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentran «desbordadas» y ha denunciado la parálisis en la ejecución de los expedientes de expulsión. Según el parlamentario, el ritmo actual de los procesos de triaje administrativo retrasaría cualquier solución efectiva durante al menos un año y medio.
La formación también ha expresado su rechazo al anuncio de la creación de 10.000 nuevas plazas de acogida en la ciudad, interpretando este movimiento como una intención de convertir a Ceuta en un «centro permanente de internamiento». Gil-Lázaro ha advertido que el Ejecutivo deberá rendir cuentas «en las urnas y ante la Justicia» por lo que considera una dejación de funciones que afecta a la soberanía nacional y a la seguridad de los residentes en la ciudad autónoma.
Este debate se produce en un contexto de presión parlamentaria donde otras fuerzas, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), han solicitado al Estado los recursos necesarios para que las comunidades autónomas puedan proceder a la acogida de menores migrantes. La sesión de control subraya la fractura persistente en la Cámara Baja respecto a la política migratoria y la gestión de las fronteras terrestres en el norte de África.
