Trump eleva al Tribunal Supremo la petición para excluir 20.000 votos por correo en California

La Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo con el objetivo de obligar al estado de California a no contabilizar aproximadamente 20.000 votos emitidos por correo. El Ejecutivo sostiene que estas papeletas corresponden a personas identificadas como «probables no ciudadanos», una medida que se produce a escasos días de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

La petición de la Presidencia busca revertir la decisión del 9.º Circuito de Apelaciones, que el pasado viernes ratificó el fallo del juez federal David O. Carter. Dicha instancia judicial había vetado cualquier intervención federal en el recuento de votos de California, al considerar que tal acción constituiría una intrusión en las competencias estatales y podría causar alteraciones graves en unos comicios donde decenas de millones de ciudadanos ya han ejercido su derecho al voto.

El juez Carter, designado originalmente durante la administración de Bill Clinton, fundamentó su negativa inicial señalando que la adopción de una orden de restricción temporal en este punto del proceso electoral «causaría estragos» e interrumpiría la normalidad democrática. En su resolución, el magistrado advirtió que permitir al Ejecutivo descartar votos basándose en acusaciones no probadas pondría en riesgo la estabilidad institucional del país.

El conflicto legal se originó cuando el Departamento de Justicia entregó a la Secretaría de Estado de California y a las autoridades del condado de Los Ángeles una base de datos con información cotejada de inmigración y de la Seguridad Social. El Gobierno federal exigió la segregación de las papeletas de los sospechosos en un plazo de 48 horas, una maniobra que los tribunales inferiores han descrito como una coacción sin precedentes hacia los gobiernos estatales y locales para que abandonen sus procedimientos constitucionales.

Uno de los puntos críticos de la controversia radica en la fiabilidad de los datos presentados por la Administración. La resolución judicial recuerda el precedente del estado de Nevada, donde el Departamento de Seguridad Nacional identificó inicialmente a casi 16.000 supuestos no ciudadanos en las listas electorales, cifra que se redujo a 185 tras las revisiones y que, finalmente, resultó estar compuesta en su totalidad por ciudadanos estadounidenses con pleno derecho al voto.

Bajo este argumento, la justicia federal ha subrayado que acceder a las pretensiones de la Casa Blanca conllevaría un alto riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos legítimos. Asimismo, se ha señalado que implementar un sistema de segregación de votos en estas fechas obligaría a las administraciones locales a desviar recursos técnicos y humanos esenciales, lo que amenazaría el cumplimiento de los plazos legales para el cierre del recuento electoral.

El recurso llega ahora a un Tribunal Supremo que cuenta con una mayoría conservadora de 6-3, tras las recientes confirmaciones de magistrados propuestos por la actual administración. No obstante, el factor temporal representa un desafío jurídico adicional, dada la proximidad de la jornada electoral y el volumen de sufragios que ya se encuentran en fase de procesamiento por parte de las autoridades de California.