Un juzgado de Ceuta investiga presuntas coacciones a médicos críticos con la gestión de la sanidad pública
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta, María Victoria Rodríguez Caro, ha incoado diligencias previas para investigar la posible comisión de un delito de coacciones contra profesionales médicos de la ciudad autónoma. La magistrada ha adoptado esta decisión tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que señala presuntas presiones y amenazas de expedientes disciplinarios contra facultativos que habían expresado críticas públicas sobre el estado de la asistencia sanitaria local.
En el auto judicial, fechado el pasado 16 de septiembre, la juez considera que los hechos denunciados presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Como primera medida, la magistrada ha ordenado al Cuerpo Nacional de Policía que proceda a la averiguación de los hechos, identifique a los posibles perjudicados y, en caso necesario, tome declaración a los afectados para esclarecer el alcance de las supuestas advertencias.
El origen del procedimiento reside en un escrito que sostiene que diversos profesionales de la sanidad pública ceutí habrían recibido advertencias por parte de sus superiores jerárquicos. Según la denuncia, estas presiones tendrían como objetivo disuadir a los médicos de denunciar públicamente la falta de recursos materiales y humanos, así como otras deficiencias en la prestación del servicio sanitario. Las comunicaciones, que se habrían producido tanto de forma verbal como escrita, incluían presuntamente la posibilidad de incoar informaciones reservadas o sanciones de suspensión de funciones.
La gestión sanitaria en Ceuta y Melilla tiene una naturaleza administrativa singular, ya que no ha sido transferida a las comunidades autónomas. La asistencia depende directamente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, actualmente bajo la dirección de la ministra Mónica García. Esta dependencia jerárquica sitúa la estructura objeto de la investigación dentro del ámbito de gestión directa de la Administración General del Estado.
La denuncia presentada ante el juzgado señala de manera específica a responsables de la gestión sanitaria en la ciudad. Entre los nombres citados figuran el director territorial del INGESA en Ceuta, Jesús Lopera Flores, y el director médico de Atención Especializada, Mohamedi Abdelkader Maanan. Ambos continúan figurando en el organigrama oficial del instituto como los máximos responsables de la estructura operativa en la ciudad autónoma.
Desde el punto de vista institucional, la apertura de estas diligencias obliga a la Policía Nacional a practicar las actuaciones necesarias para determinar si las actuaciones de la dirección del INGESA excedieron las facultades organizativas y disciplinarias, entrando en el terreno de la coacción ilícita para limitar la libertad de expresión de los trabajadores públicos sobre el funcionamiento de un servicio esencial.
