Un juzgado de Cartagena investiga a dos cargos de Vox por la presunta falsificación de la firma de José Ángel Antelo

El Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha citado en calidad de investigados a dos integrantes del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia por la presunta falsificación de la firma digital de José Ángel Antelo. La investigación judicial se inicia tras la denuncia presentada por el propio exvicepresidente de la Región de Murcia, quien sostiene que su rúbrica electrónica fue utilizada sin su consentimiento para formalizar su relevo como portavoz parlamentario.

Los cargos llamados a declarar como investigados son A. H. y A. P., quienes ejercen las funciones de asesor y coordinadora del grupo parlamentario, respectivamente. El tribunal les atribuye la presunta comisión de un delito de falsificación de documentos, basándose en los indicios aportados sobre el uso irregular de las credenciales digitales de Antelo para validar trámites administrativos internos ante la cámara legislativa.

El origen del conflicto se sitúa en el proceso interno para sustituir a Antelo en la portavocía del grupo. Según establece la normativa parlamentaria, el cese de un portavoz requiere el voto unánime de los miembros que integran el grupo. En este caso, la unanimidad no se habría alcanzado debido a la oposición de la diputada Virginia Martínez, quien ha sido citada por el juzgado en calidad de testigo al ser la única representante de la formación que se negó a avalar el cese.

De acuerdo con la instrucción, ante la imposibilidad de obtener el consenso necesario para el relevo, se habría procedido a emplear la firma digital de Antelo para simular su conformidad con el cese y trasladar dicha decisión a la Mesa de la Asamblea Regional. El órgano rector de la cámara recibió la notificación del cambio de portavocía, que posteriormente fue denunciada por el afectado al considerar que su voluntad había sido suplantada mediante medios electrónicos.

Este procedimiento judicial busca esclarecer las circunstancias bajo las cuales se accedió a la firma electrónica del exvicepresidente regional y determinar si existió una orden superior para ejecutar dicha acción. La comparecencia de los investigados y de los testigos en sede judicial resultará determinante para dirimir las responsabilidades legales derivadas de este conflicto de gobernanza interna dentro del grupo parlamentario.