La Fiscalía de la Región de Murcia reclama un plan especial de seguridad ante el desplazamiento del narcotráfico
El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha solicitado formalmente este viernes la puesta en marcha de un plan especial de seguridad para la comunidad autónoma, bajo un modelo similar al implementado por el Ministerio del Interior en el Campo de Gibraltar. Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al ejercicio 2025, el representante del Ministerio Público ha justificado esta petición en el progresivo desplazamiento de las redes del narcotráfico, la trata de seres humanos y la inmigración irregular hacia el litoral murciano, motivado por la presión policial en la provincia de Cádiz.
Díaz Manzanera ha denunciado una asimetría en los recursos disponibles para afrontar esta situación. Según los datos aportados, la provincia de Cádiz cuenta con 25 fiscales más que la Región de Murcia, a pesar de que esta última posee una población superior en aproximadamente 200.000 habitantes. Ante esta realidad, la Fiscalía ha demandado una equiparación inmediata de la plantilla de fiscales y un incremento proporcional de los efectivos de la Guardia Civil para dar respuesta al asentamiento de mafias organizadas en la zona.
El informe anual alerta sobre un repunte de la violencia derivado de estas actividades criminales, con un uso creciente de armas de fuego en ajustes de cuentas y robos de droga entre bandas rivales, conocidos como «vuelcos». Esta infraestructura delictiva se sustenta, según el documento, en un fuerte incremento de las plantaciones de marihuana en interiores, el uso de narcolanchas y la práctica del «petaqueo» o suministro incontrolado de combustible. Sobre este último punto, la Fiscalía Antidroga ha instado a la administración autonómica y a la patronal de estaciones de servicio a intensificar las inspecciones para sancionar los suministros irregulares bajo la Ley del Sector de Hidrocarburos.
En el ámbito de la extranjería, la Memoria destaca la consolidación de las redes de «pateras taxi» que operan en las costas de Cartagena y Lorca. Entre enero y septiembre de 2025, se interceptaron 130 embarcaciones con 1.978 migrantes a bordo. El balance resalta especialmente la lucha contra la trata de seres humanos, con el seguimiento de 14 tramas y 71 víctimas, mayoritariamente mujeres explotadas sexualmente. Asimismo, se ha registrado un aumento en los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros en explotaciones agrícolas, donde las redes se aprovechan de la vulnerabilidad de personas en situación irregular.
Respecto a la delincuencia juvenil, el fiscal superior ha expresado su preocupación por el aumento del 9,25% en las agresiones sexuales cometidas por menores, alcanzando los 177 expedientes. Díaz Manzanera ha señalado a las nuevas tecnologías como factor determinante en este crecimiento, citando casos de acoso escolar en redes sociales y, de forma relevante, la distribución de pornografía infantil generada mediante inteligencia artificial para manipular imágenes de menores. Ante esta tendencia, la Fiscalía ha propuesto una regulación que limite el acceso a Internet por debajo de determinadas edades y refuerce los controles parentales y educativos.
En materia de seguridad vial, la Fiscalía pone el foco en la disparidad entre los controles de estupefacientes y las causas penales abiertas. De los 1.838 positivos detectados por la Guardia Civil, solo 36 llegaron a la vía judicial, debido a la falta de homologación normativa de los drogotest frente a los etilómetros. Por otra parte, en la sección de Medio Ambiente, el informe confirma la tramitación de causas relacionadas con la contaminación del Mar Menor, con cinco sentencias de condena por vertidos ilegales y la exigencia de que los infractores asuman la reparación del daño causado.
Finalmente, la Memoria de la Fiscalía recoge avances en la protección de las víctimas de violencia de género, destacando una reducción en las sentencias absolutorias gracias a la reforma legal sobre la dispensa de declarar. En el ámbito laboral, el Ministerio Público ha resaltado la presentación de la primera acusación formal en la Región por un delito contra la seguridad de los trabajadores motivado por un golpe de calor, marcando un precedente en la persecución de infracciones derivadas de las condiciones climáticas extremas.
