La Guardia Civil desmantela un laboratorio de derivados del cannabis en Barcelona valorado en 600.000 euros
La Guardia Civil ha desarticulado en la localidad de La Llagosta (Barcelona) un centro logístico y de producción dedicado a la elaboración y comercialización ilícita de productos derivados del cannabis. La operación se ha saldado con la intervención de mercancía cuyo valor de mercado se estima en cerca de 600.000 euros, incluyendo aceites y galletas para mascotas, así como sustancias destinadas al vapeo.
La investigación se originó en julio de 2025, tras una serie de inspecciones rutinarias en establecimientos especializados en el cultivo de cannabis, conocidos como ‘grow shops’, en la provincia de Barcelona. Durante estas actuaciones, los agentes detectaron la venta de productos con CBD cuya comercialización está sujeta a una normativa específica de control sanitario y administrativo.
En el marco de la operación, las fuerzas de seguridad desmantelaron dos naves industriales con funciones diferenciadas. La primera de ellas estaba destinada íntegramente al almacenamiento y la gestión logística de los pedidos realizados a través de una página web; la segunda albergaba un laboratorio especializado en la extracción de aceite de cannabis, la elaboración de resina y el pesaje, etiquetado y envasado de los artículos finales.
Durante el registro de las instalaciones, la Guardia Civil incautó 11,5 kilogramos de hachís, aproximadamente siete kilogramos de cogollos de marihuana y más de 133 litros de aceite de cannabis distribuidos en 17.657 frascos. Además, se inmovilizaron miles de unidades de productos para vapeo, semillas, envases de té y maquinaria industrial utilizada para la transformación química de la sustancia.
El Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses analizó las muestras intervenidas, identificando la presencia de sustancias psicotrópicas como el hexahidrocannabinol (HHC) y el hidrocannabidiol (H4-CBD). Según el instituto armado, estas sustancias están sometidas a controles internacionales y autorizaciones que impiden su libre distribución, a diferencia de las fibras y semillas de cáñamo cuyo uso industrial está permitido bajo estrictas condiciones.
Como resultado de la operación, se encuentran bajo investigación el propietario de la empresa, quien presuntamente coordinaba la actividad desde Tailandia, y la ingeniera química encargada de la dirección del laboratorio. Ambos están acusados de un presunto delito de tráfico de drogas. La red utilizaba una plataforma de comercio electrónico que contaba con un área logística avanzada para la preparación y envío de los encargos una vez confirmado el pago.
