El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha solicitado formalmente a los servicios secretos de Marruecos su consentimiento para desclasificar diversas comunicaciones estratégicas relacionadas con la crisis migratoria ocurrida en Ceuta el pasado 30 de julio. Esta petición, tramitada el 30 de octubre ante la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), busca dar cumplimiento a los requerimientos de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación judicial sobre las entradas masivas de ciudadanos marroquíes en la ciudad autónoma.
El Gobierno de España, a través de un escrito remitido por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a la magistrada María Tardón, ha advertido que la desclasificación de estos documentos sin el plácet de Rabat podría constituir un «ilícito internacional». La administración subraya la vigencia de la norma internacional ‘Third party rule’, un principio que impide la transmisión de información sensible a terceros sin el consentimiento expreso de la autoridad de origen, con el fin de proteger fuentes, métodos y la confianza mutua entre servicios de inteligencia.
La solicitud del CNI comprende cinco respuestas específicas remitidas por la inteligencia marroquí. Entre el material objeto de interés judicial destaca la contestación a la alerta de «acción temprana» enviada por España el 29 de julio, víspera de la avalancha migratoria. Asimismo, se incluyen réplicas a informes de agosto sobre posibles intentos de entrada en fechas posteriores y una nota del 14 de septiembre que identificaba al presunto coordinador de las movilizaciones a través de redes sociales.
En el escrito remitido a la instructora, el Ejecutivo resalta que los servicios secretos marroquíes especificaron en sus notas que la información es de su propiedad y que cualquier uso en procedimientos judiciales requiere acuerdo previo. Por este motivo, el CNI ha iniciado el cauce diplomático para obtener la autorización de entrega a la autoridad judicial, una gestión de la que, según fuentes gubernamentales, todavía no se ha recibido respuesta por parte de las autoridades de Marruecos.
Paralelamente, el Consejo de Ministros ha procedido a la desclasificación de ocho notas de inteligencia propias del CNI. La novedad en este punto es que la magistrada podrá acceder al texto íntegro de la alerta española del 29 de julio sin las tachaduras de seguridad que presentaba anteriormente. Este documento, titulado «Inmigración irregular. Alerta temprana. Posibles intentos de entrada a Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono», es clave para contrastar la información disponible antes del inicio de la crisis en el espigón del Tarajal.
Finalmente, respecto a la petición de desclasificación de un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) del 4 de agosto, el Gobierno ha acordado una apertura «parcial». El Ejecutivo ha argumentado que el conocimiento total del contenido no es factible, ya que revelaría metodologías operativas y herramientas de ciberinteligencia que dejarían desprotegidas las capacidades de defensa del Estado frente a amenazas exteriores.
