Albares insta al Senado a ratificar el Tratado de Amistad con Francia tras el aval del Tribunal Constitucional
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha solicitado formalmente este miércoles al Senado la aprobación inmediata del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia. El requerimiento se produce después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado por unanimidad la constitucionalidad del acuerdo, despejando las dudas jurídicas sobre la participación de ministros de ambos países en las reuniones de sus respectivos gabinetes.
La resolución del órgano de garantías descarta que el mecanismo de cooperación previsto en el tratado vulnere la Constitución Española. Con este pronunciamiento, el Gobierno busca concluir la tramitación parlamentaria de un texto que fue firmado en enero de 2023 en Barcelona por el presidente español, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de elevar la relación bilateral al máximo nivel estratégico.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha subrayado que la entrada en vigor del acuerdo es fundamental para consolidar la posición de España ante su «primer socio comercial». El ministro Albares ha señalado que la ratificación definitiva por parte de la Cámara Alta permitiría implementar un marco jurídico que afecta directamente a 330.000 españoles residentes en Francia y a un millón de ciudadanos que viven en zonas transfronterizas.
En el ámbito económico, el Ejecutivo resalta que el tratado servirá de soporte para las exportaciones anuales hacia el país vecino, estimadas en 56.000 millones de euros. El documento establece cauces de concertación permanente en materia de seguridad, defensa, justicia y asuntos sociales, siguiendo un modelo similar al que París mantiene con Berlín a través de los tratados del Elíseo y de Aquisgrán.
A pesar del aval judicial, la tramitación del texto ha sido objeto de fricción política en las Cortes Generales. El ministro Albares ha criticado lo que considera una demora injustificada por parte del Grupo Popular en el Senado, acusando a la oposición de obstaculizar un instrumento que, a su juicio, responde estrictamente a los intereses estratégicos de España y a la profundización de los valores de la Unión Europea.
Con el dictamen del Tribunal Constitucional en mano, el Gobierno espera que el Senado proceda a la votación definitiva en las próximas sesiones para que el tratado pueda ser publicado en el Boletín Oficial del Estado e iniciar así su vigencia internacional plena.
