El Gobierno de Melilla exige una custodia permanente de las fronteras ante la presión migratoria

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha reclamado al Ejecutivo central una vigilancia exhaustiva y «perfectamente custodiada» de los perímetros fronterizos durante los 365 días del año. El vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín, ha instado a abandonar los refuerzos puntuales para establecer una estrategia de seguridad permanente que garantice la integridad territorial frente a los recientes llamamientos de entrada irregular coordinados a través de redes sociales.

Durante una comparecencia ante los medios, Marín ha subrayado que la defensa de las fronteras es una «obligación y responsabilidad» exclusiva del Gobierno de España. El vicepresidente melillense ha denunciado la falta de un plan de actuación estructural, señalando que la actual crisis fronteriza en Ceuta es un reflejo de la vulnerabilidad que persiste desde los sucesos de 2021. Según el Ejecutivo local, la estabilidad de las ciudades autónomas requiere el uso de todos los recursos previstos en el Estado de derecho.

Entre las medidas propuestas por el Gobierno de Melilla destaca la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en las labores de custodia, así como la implementación de cambios legislativos que adapten la normativa española a los estándares europeos en materia de expulsiones directas. Marín ha argumentado que, con una planificación adecuada y el pleno despliegue de recursos, se podrían evitar episodios de desbordamiento en los perímetros, manteniendo siempre el respaldo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La administración melillense ha rechazado frontalmente la creación de nuevas infraestructuras de acogida, como el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), cuya posible apertura ha generado contradicciones institucionales en los últimos días. «Lo que hay que hacer es impedir que entren irregularmente inmigrantes en Ceuta y Melilla, no construir más centros», ha aseverado el vicepresidente, vinculando la gestión migratoria con la necesidad de transmitir seguridad y certidumbre a la población civil.

En el ámbito político, Marín ha dirigido duras críticas a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a quien ha acusado de «incompetencia y negligencia» tras las versiones contradictorias ofrecidas sobre la búsqueda de espacios para el centro de migrantes. El mandatario autonómico ha calificado de «inaceptable» la gestión de la Delegación, sugiriendo que se priorizan intereses partidistas sobre las necesidades de seguridad de la ciudad.

Finalmente, el vicepresidente primero ha extendido su crítica a la gestión del Consejo de Ministros, señalando una falta de cohesión interna que, a su juicio, genera «incertidumbre y desesperación» en ambas ciudades autónomas. Ante este escenario de tensión migratoria y política, el Ejecutivo de Melilla ha manifestado que la actual situación institucional solo podría resolverse mediante la convocatoria de elecciones generales.