El Tribunal de Cuentas ha advertido de la existencia de «graves deficiencias» en la contratación y el seguimiento del sistema telemático destinado a la protección de las víctimas de violencia de género y sexual. En un informe de fiscalización publicado este miércoles, el órgano regulador señala fallos técnicos y administrativos en los contratos suscritos por el Ministerio de Igualdad entre 2018 y 2023, cuyo importe total asciende a 102,6 millones de euros.
La investigación, iniciada tras las alertas de la Fiscalía General del Estado sobre el mal funcionamiento de los dispositivos, revela que el contrato más reciente, de 2023, supuso un gasto de 42,6 millones de euros, financiado en parte con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El informe subraya que la falta de un plan de transición adecuado entre las empresas adjudicatarias provocó interrupciones en el servicio y problemas de acceso a la información histórica de los usuarios.
Estas carencias administrativas impidieron que el Ministerio de Igualdad diera respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. Según el Tribunal, esta situación de bloqueo informativo se mantuvo hasta octubre de 2024, momento en el que el departamento ministerial activó medidas de coordinación tras una nueva solicitud de la Fiscalía General del Estado.
En el plano técnico, el órgano fiscalizador denuncia deficiencias en la ejecución del contrato vigente que han comprometido la efectividad del sistema. Entre los fallos detectados figuran errores en la geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas sin la debida alerta, baja autonomía de las baterías de los dispositivos, interrupciones recurrentes del servicio y retrasos significativos en las reparaciones de los equipos.
Una auditoría tecnológica externa, encargada por el propio Ministerio en noviembre de 2025, corroboró la existencia de «vulnerabilidades críticas» en los dispositivos. Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas ha recordado que en este tipo de prestaciones debe primar la calidad del servicio y el uso de la «mejor tecnología disponible» por encima del ahorro de costes, con el objetivo de garantizar la seguridad efectiva de las víctimas.
El informe también recoge datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sobre la pérdida y rotura de materiales. Desde el inicio del contrato de 2023, se han contabilizado 790 brazaletes perdidos o robados y 3.288 declarados como rotos irrecuperables. En cuanto a los dispositivos móviles, las pérdidas ascienden a 1.964 por parte de los agresores y 681 por parte de las víctimas.
La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ha presentado alegaciones al informe, defendiendo la incorporación de avances como el paso de los equipos a la titularidad pública y la ampliación de la cobertura a víctimas de violencias sexuales. Por su parte, anteriores responsables del Ministerio, entre ellos la exministra Irene Montero, han sostenido que se cumplieron todas las exigencias de control y seguimiento para asegurar la prestación de los derechos de las víctimas durante sus mandatos.
