Teresa Jiménez-Becerril asumirá la dirección del Defensor del Pueblo en funciones tras el fin del mandato de Ángel Gabilondo

La adjunta primera al Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, asumirá la titularidad de la institución de manera interina a partir del próximo 16 de noviembre. Este relevo se produce tras la finalización del mandato legal de cinco años de Ángel Gabilondo, quien tomó posesión del cargo en noviembre de 2021 tras el acuerdo parlamentario alcanzado entre el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP).

La sustitución automática se fundamenta en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que estipula que, ante el cese del titular por expiración de su mandato, la persona que ocupa la adjuntía primera asume las competencias de la institución. La transición tendrá lugar apenas trece días antes de la celebración de las elecciones generales, fijadas para el 29 de noviembre, lo que implica que la interinidad se prolongará hasta que las nuevas Cortes Generales logren un consenso para la designación de un sucesor definitivo.

Teresa Jiménez-Becerril es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y posee una dilatada trayectoria política. Ha desempeñado cargos como eurodiputada y diputada nacional por el Partido Popular. Su vinculación con la defensa de las víctimas del terrorismo es notoria, siendo hermana de Alberto Jiménez-Becerril, concejal sevillano asesinado por la banda ETA en 1998. La periodista y política permanecerá al frente del organismo velando por la independencia e imparcialidad que requiere el cargo.

Por su parte, Ángel Gabilondo, catedrático de Metafísica y exministro de Educación, concluye una etapa que logró normalizar la situación institucional tras un prolongado periodo de vacante. Antes de su llegada, la institución estuvo dirigida en funciones durante más de cuatro años por Francisco Fernández Marugán, quien asumió el mando en 2017 tras la salida de Soledad Becerril ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para una nueva renovación.

El Defensor del Pueblo actúa como el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de supervisar la actividad de las administraciones públicas para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos. Para la elección de su titular, es necesaria una mayoría reforzada de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, garantizando así un perfil de consenso. La institución, que ofrece asistencia gratuita a cualquier ciudadano, ejerce también como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y como Institución Nacional de Derechos Humanos.

Durante su ejercicio, el Defensor goza de autonomía, inviolabilidad e inmunidad, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad administrativa o política. Con este relevo, la institución entra en un nuevo periodo de interinidad supeditado al escenario político que resulte de los próximos comicios generales y a la capacidad de interlocución entre las principales fuerzas parlamentarias en la nueva legislatura.