El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este lunes que el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez carece de «límites legales o morales» tras la publicación de informaciones que apuntan a presuntas irregularidades en la concesión de nacionalidades españolas en México. Las acusaciones se centran en la gestión de la denominada «ley de nietos» en el Consulado General de España en el país azteca, donde se habrían admitido cientos de expedientes fuera de plazo mediante la alteración de registros oficiales.
Según las informaciones publicadas por el medio The Objective, la cónsul adjunta en México, María Prada, habría dado instrucciones directas para manipular y falsear las fechas de recepción de los expedientes. Esta maniobra técnica habría permitido la tramitación de solicitudes que ya habían visto extinguido el derecho a la petición, lo que, según fuentes jurídicas consultadas, podría constituir un presunto delito de falsedad documental al producirse una alteración manual de documentos públicos.
Abascal ha vinculado estas prácticas a las recientes declaraciones del jefe del Ejecutivo sobre su intención de gobernar «de una manera u otra». El dirigente de Vox ha afirmado que el presidente del Gobierno está dispuesto a utilizar cualquier mecanismo para mantenerse en el poder, señalando que «no hay trampa que no esté dispuesto a hacer». En este contexto, el líder de la formación ha hecho un llamamiento a la movilización ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, instando a los ciudadanos a acudir masivamente a las urnas.
La investigación periodística detalla anomalías significativas en la oficina consular, como la concesión de nacionalidades a ciudadanos cuyos antepasados fallecieron en México a finales del siglo XIX, incumpliendo los marcos temporales de la Ley de Memoria Democrática. Destaca el caso de un ciudadano de 93 años cuyo expediente fue aprobado por orden superior a pesar de las advertencias de los funcionarios técnicos, quienes habrían dejado constancia de que el solicitante no cumplía con los requisitos legales necesarios.
Asimismo, se ha señalado la existencia de tramitaciones catalogadas internamente como «VIP», entre las que figuraría la nacionalización de la senadora mexicana Nancy de la Sierra Arámburo y tres miembros de su familia. Según las fuentes del consulado, estos expedientes se habrían gestionado de forma preferente a pesar de que sus ascendientes directos nacieron en México, lo que cuestionaría el vínculo exigido por la normativa española para acceder a la nacionalidad por esta vía excepcional.
Este escenario de presuntas irregularidades administrativas en el servicio exterior español ha elevado la tensión política, mientras desde la oposición se exige una aclaración inmediata sobre los criterios de control y legalidad aplicados en las oficinas consulares en el extranjero bajo la vigencia de la actual Ley de Memoria Democrática.
