Anticorrupción se opone a devolver el teléfono móvil a Juan Manuel Serrano por su relevancia en la causa
La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado su oposición a la devolución del dispositivo móvil incautado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. El Ministerio Público sostiene que el terminal constituye una fuente original de información potencialmente relevante para la instrucción y mantiene una conexión objetiva con la investigación sobre un presunto boicot a causas judiciales que afectan a la formación socialista.
En un escrito remitido al juzgado, la Fiscalía argumenta que el dispositivo podría ser considerado un vestigio o prueba material de delitos graves, entre los que se citan el tráfico de influencias en el marco de una organización criminal. Según el posicionamiento fiscal, la conservación del terminal bajo custodia judicial es necesaria para garantizar que las partes personadas puedan examinarlo o solicitar diligencias adicionales sobre los hechos investigados.
Esta postura responde al recurso de apelación presentado por la defensa de Serrano tras la negativa inicial del magistrado instructor, dictada el pasado mes de septiembre. Anticorrupción subraya que la existencia de una copia forense o volcado del contenido no implica de forma automática la obligación de reintegrar el objeto físico a su propietario, siempre que subsistan razones legales suficientes para mantenerlo a disposición del juzgado como efecto relacionado con el delito.
Juan Manuel Serrano fue imputado el pasado 10 de julio a raíz de un oficio policial que recogía indicios sobre su presunta implicación en dos vertientes del denominado «caso Leire Díez». La investigación examina tanto el supuesto intento de obstaculizar procedimientos judiciales para proteger intereses políticos como una presunta trama de comisiones irregulares en contratos públicos, referida por la defensa como la «rama SEPI».
El procedimiento judicial afecta a otros cargos y excargos vinculados a la estructura socialista, entre los que se encuentran Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, la gerente Ana María Fuentes y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Por su parte, la defensa de Serrano ha impugnado la validez de las actuaciones relacionadas con el terminal, alegando que el primer volcado de datos se realizó sin presencia de su representación letrada, solicitando por ello la nulidad de la incautación.
La resolución definitiva sobre la custodia del dispositivo queda ahora supeditada a la decisión de la instancia judicial superior, mientras la causa continúa avanzando en la recopilación de pruebas documentales y testificales para esclarecer el alcance de la presunta red de influencias.
