El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a facilitar los criterios de valoración y las guías de corrección aplicados en los procesos selectivos del Consulado General de España en Buenos Aires. La resolución del organismo estima parcialmente una reclamación tras detectarse opacidad en la contratación de personal laboral destinado a la oficina consular con mayor volumen de trabajo de toda la red exterior española.
El pronunciamiento del CTBG afecta a dos procesos específicos: una convocatoria para cubrir cuatro plazas fijas de Oficial y otra para la elaboración de una relación de interinidad de Auxiliar. El reclamante había solicitado acceso a los baremos, fundamentos de calificación de las pruebas prácticas y la grilla de respuestas, documentación que el departamento dirigido por José Manuel Albares no proporcionó en el plazo legal de diez días hábiles establecido para estos trámites de transparencia.
La resolución pone de relieve la importancia de la publicidad en los criterios de selección en un momento de especial presión administrativa para la delegación bonaerense. El Consulado de Buenos Aires concentra el 26,8% del total de solicitudes vinculadas a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, sumando 645.052 peticiones. De este volumen, hasta mediados del ejercicio actual, solo se habían resuelto algo más de 33.000 expedientes, con un ritmo de tramitación condicionado por las capacidades operativas de la plantilla.
La plantilla del consulado, compuesta por unos 90 empleados —de los cuales la mitad posee carácter temporal—, ha debido gestionar esta carga extraordinaria junto a los trámites habituales de una demarcación que atiende a más de 360.000 ciudadanos españoles inscritos. Para afrontar esta saturación, el Ministerio autorizó la incorporación de 657 efectivos laborales en el exterior durante 2025, priorizando las oficinas más afectadas por la denominada «ley de nietos». Sin embargo, la falta de transparencia en los criterios de evaluación de Buenos Aires arroja interrogantes sobre la objetividad de estas nuevas contrataciones.
Este episodio se enmarca en un patrón de gestión que ha sido cuestionado previamente por el Consejo de Transparencia. Según diversos antecedentes, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha omitido de forma recurrente el cumplimiento de resoluciones relativas al coste de viajes oficiales y a la entrega de instrucciones internas para la aplicación de normativas. En este caso, la opacidad coincide con la dificultad reconocida por el propio departamento para verificar a tiempo la condición de descendientes de exiliados de los nuevos nacionalizados, requisito ordenado por el Tribunal Supremo para el ejercicio del voto el próximo 29 de noviembre.
A las carencias en materia de transparencia se suman problemas de carácter logístico e informático. El Consulado de Buenos Aires ha tenido que habilitar espacios adicionales para almacenar 66 toneladas de expedientes físicos, mientras que el personal de la red consular ha reportado que las herramientas digitales prometidas no están plenamente integradas con el sistema DICIREG. A pesar de una inversión acumulada superior a los 97 millones de euros en digitalización, las quejas por el caos administrativo y la falta de instrucciones claras persisten en el Servicio Exterior.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se sostiene que se están cumpliendo estrictamente los mandatos judiciales y las normativas de selección de personal. No obstante, la resolución del CTBG subraya la necesidad de garantizar el acceso a la información pública para asegurar que los procesos de refuerzo de personal en las oficinas estratégicas se ajusten a los principios de mérito, capacidad y, fundamentalmente, transparencia institucional.
