La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La petición se fundamenta en la aceptación y permanencia en su poder de un conjunto de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros, recibidas supuestamente como obsequio de la Corona de Arabia Saudí durante su mandato en 2007.
En el escrito remitido al magistrado, la fiscal María Elena Lorente sostiene que la propia estrategia de defensa del exmandatario para desvirtuar una investigación previa por presunto contrabando aporta los indicios necesarios para investigar la malversación. Según el Ministerio Público, al reconocer que las piezas fueron un regalo del entonces monarca Abdalá bin Abdulaziz en el Palacio de la Moncloa, Zapatero habría admitido la recepción de bienes que, por su valor y contexto oficial, debieron ser entregados al Patrimonio del Estado.
La representación de la Fiscalía califica como un «ejercicio de puro voluntarismo» dar por válidas las explicaciones ofrecidas por el investigado sobre el origen personal de las joyas. El informe destaca que el lote, compuesto por tres juegos de alta joyería con rubíes, esmeraldas y zafiros, fue tasado en 1.323.915 euros. Anticorrupción subraya que este volumen económico excede ampliamente los «usos habituales, sociales y de cortesía» que rigen la aceptación de obsequios por parte de altos cargos públicos.
Asimismo, el Ministerio Público ha rechazado la solicitud de la defensa para emitir una comisión rogatoria a Arabia Saudí con el fin de confirmar la donación. La fiscal considera «injustificada» y «dudosamente operante» esta diligencia, argumentando que el foco de la investigación debe situarse en España, concretamente en la Presidencia del Gobierno, y no en un país extranjero para interpelar sobre un donante ya fallecido. El escrito resalta además que Zapatero no ha aportado acuses de recibo de las comunicaciones enviadas a la embajada saudí para tratar de regularizar la situación de las piezas.
La fiscalía recuerda que el expresidente sí entregó otros obsequios de valor al Patrimonio del Estado al finalizar su presidencia, como un reloj de sobremesa con esmeraldas, lo que a juicio de la acusación evidencia el conocimiento del protocolo de actuación ante este tipo de atenciones diplomáticas. La falta de entrega del ajuar incautado es lo que motiva la apertura de esta nueva línea de investigación por el uso privado de bienes de carácter público.
De confirmarse la tipificación de malversación en su subtipo agravado, los hechos podrían acarrear penas de hasta ocho años de prisión y hasta 20 años de inhabilitación. En cuanto a la vigencia de la acción penal, la Fiscalía señala que, de acuerdo con las fechas de recepción declaradas por la defensa, la prescripción del delito no se produciría hasta el 1 de marzo de 2027, lo que permite continuar con las diligencias judiciales pertinentes.
