El Tribunal Constitucional ratifica la vigencia de la Ley de Memoria Democrática de Baleares

El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar de la ley autonómica que pretendía derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares de 2018. Mediante un auto reciente, el tribunal de garantías confirma la suspensión de la norma derogatoria, impulsada originalmente por el grupo parlamentario Vox con el respaldo del Partido Popular, asegurando así la vigencia de la legislación de memoria vigente hasta que se resuelva el fondo del recurso.

La resolución judicial se produce tras la admisión a trámite, el pasado mes de junio, del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España. El Ejecutivo central invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que facultó la suspensión automática de la norma autonómica. Con este nuevo pronunciamiento, el Constitucional ratifica dicha medida cautelar a pesar de las alegaciones presentadas para su levantamiento.

El fallo ha contado con una división interna en el seno del tribunal. Según han informado fuentes institucionales, el auto incluye tres votos particulares contrarios al mantenimiento de la suspensión, los cuales han sido suscritos por cinco de los doce magistrados que integran el Pleno. Estos magistrados se han mostrado favorables a que la derogación recuperara su eficacia mientras se dicta una sentencia definitiva.

Este pronunciamiento del alto tribunal coincide cronológicamente con la comparecencia ante la Audiencia de Palma del presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne. El cargo institucional de Vox ha sido procesado por un presunto delito de odio tras protagonizar un incidente en el que rasgó una fotografía de víctimas republicanas de la Guerra Civil durante el debate parlamentario sobre la admisión a trámite de la propia derogación de la ley.

La decisión del Tribunal Constitucional supone un blindaje temporal a las políticas de reparación y memoria en el archipiélago balear. El Govern balear ha confirmado la recepción de la notificación, que garantiza la continuidad de los procedimientos y derechos establecidos en la norma de 2018 hasta que el órgano judicial determine si la derogación se ajusta o no al marco constitucional vigente.