El presidente de Polonia ingresa por la fuerza en el Tribunal Constitucional en plena crisis por la cúpula judicial

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha accedido este sábado a la sede del Tribunal Constitucional tras superar un bloqueo físico en la entrada liderado por Anna Korwin-Piotrowska, recientemente nombrada presidenta de la corte en un proceso cuestionado por la jefatura del Estado. El incidente marca el punto de máxima tensión en la crisis institucional que enfrenta al Ejecutivo de Donald Tusk y a la Presidencia del país por el control y la composición del alto tribunal.

Los hechos han quedado registrados en diversos documentos audiovisuales difundidos por ambas partes. En las imágenes proporcionadas por la Presidencia, se observa a Nawrocki forzando el paso entre empujones para entrar al edificio, mientras denuncia una vulneración de su inviolabilidad constitucional. Por el contrario, Maciej Berek, asesor jurídico del Gobierno y candidato vetado al tribunal, ha calificado la acción como una agresión física del mandatario contra los jueces y la propia Korwin-Piotrowska.

En el exterior de la sede, que permanece acordonada por efectivos de la Policía polaca, se han sucedido protestas encabezadas por Jaroslaw Kaczynski, líder del partido Ley y Justicia (PiS). La situación de inestabilidad interna ha comenzado a tener repercusiones en el servicio exterior, confirmándose la dimisión del embajador polaco en Rumanía, Pawel Soloch, que se suma a la reciente renuncia del jefe de la delegación diplomática en China.

El conflicto jurídico se remonta a principios de año, cuando el presidente Nawrocki se negó a tomar juramento a los jueces propuestos por la nueva mayoría parlamentaria. La crisis se aceleró esta tarde cuando la jueza Korwin-Piotrowska anunció la suspensión por un mes del anterior presidente de la corte, Bogdan Swieczkowski, y de su adjunto, procediendo a eliminar sus nombres de la estructura oficial en la web institucional.

Desde el Tribunal Constitucional, las cuentas oficiales en redes sociales han denunciado que la página web ha sufrido una «toma ilegal» y han calificado las acciones de Korwin-Piotrowska como un delito de «golpe de Estado». Por su parte, la Presidencia sostiene que los ocupantes actuales del edificio impiden de forma delictiva el ejercicio de las funciones del jefe de Estado.

El primer ministro, Donald Tusk, ha defendido las actuaciones recientes como parte de un proceso necesario para la restauración del Estado de derecho. Según el jefe del Gobierno, tras años de gestión arbitraria, el país ha iniciado un camino de normalización institucional que, aunque «doloroso» y necesitado de «acciones decididas», resulta indispensable para el futuro de Polonia.