Abascal declina asistir al funeral por las víctimas de Urda y cuestiona la gestión gubernamental del siniestro
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que no tiene previsto asistir al funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda en caso de que este llegue a convocarse. El líder de la formación ha justificado su decisión bajo el argumento de que los familiares de los 69 fallecidos desean evitar la presencia de políticos y la posible utilización mediática del acto, si bien ha precisado que los cargos institucionales de su partido sí mantendrán su presencia en cumplimiento de sus funciones oficiales.
Durante una entrevista en el ámbito televisivo, Abascal ha subrayado la importancia de respetar el duelo de las familias, señalando que, a su juicio, lo último que estas necesitan es «políticos alrededor» o personas que busquen una exposición pública. No obstante, el dirigente ha diferenciado su posición personal y orgánica de la de aquellos cargos de Vox que ostentan responsabilidades institucionales en diferentes administraciones, quienes, según sus palabras, «tienen que ir a todo tipo de eventos públicos que se convoquen».
El presidente de Vox ha dirigido duras críticas hacia el Ejecutivo central, responsable de la organización de las honras fúnebres. Abascal ha calificado de «insulto» que el Gobierno tutele el acto, llegando a definir la ceremonia no como un funeral de Estado, sino como un «funeral de Gobierno». En su intervención, ha responsabilizado directamente a la gestión gubernamental de lo ocurrido tanto en Urda como en el anterior descarrilamiento en Adamuz (Córdoba), hechos que ha catalogado como «negligencia» y «crimen político».
Respecto a la investigación técnica y judicial de las causas del siniestro, Abascal ha exculpado parcialmente al operador de Atocha que dio la orden de marcha al AVE, situándolo como el eslabón con «menos responsabilidad» dentro de la cadena de mando. Por el contrario, ha apuntado a una serie de «decisiones de naturaleza ideológica» y supuestas irregularidades en la gestión de ADIF y Renfe que, en su opinión, habrían comprometido la seguridad ferroviaria.
En este sentido, el líder de la formación ha vinculado el siniestro con presuntas deficiencias en las contrataciones de personal y con supuestas irregularidades económicas en las licitaciones de mantenimiento de las vías. Abascal ha concluido que la verdad oficial y las responsabilidades definitivas se conocerán una vez que los jueces determinen el alcance de las negligencias mencionadas, reiterando que la magnitud de lo sucedido trasciende la categoría de accidente fortuito para situarse en el plano de la responsabilidad política directa.
