El Ayuntamiento de Barcelona sanciona a un agente de la Guardia Urbana por desatención lingüística y falta de corrección

El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto una sanción de 24 días de suspensión de empleo y sueldo a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) tras una investigación interna motivada por un incidente ocurrido en julio de este año. La resolución administrativa responde a la negativa del funcionario a emplear el catalán ante la petición de una ciudadana y al mantenimiento de un trato considerado inadecuado durante el ejercicio de sus funciones.

Los hechos fueron denunciados inicialmente por la entidad Plataforma per la Llengua, que aportó como prueba una grabación audiovisual. En el vídeo se observa cómo el agente, ante la reiterada solicitud de la ciudadana para ser atendida en catalán, se niega a cambiar de lengua y califica de «fascista» la exigencia de la mujer. El consistorio ha determinado que estas expresiones son incompatibles con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo de seguridad municipal.

La Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) de la Guardia Urbana fue la encargada de instruir el expediente tras tener conocimiento de los hechos. Sus conclusiones, trasladadas a los servicios municipales competentes, han derivado en la actual sanción disciplinaria. Fuentes municipales subrayan que la actuación contraviene las directrices de la Jefatura, que establecen que la primera interacción verbal con la ciudadanía debe realizarse, con carácter general, en catalán.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha reafirmado el compromiso institucional con la garantía de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Según los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público, los trabajadores de la administración local tienen el deber de atender a la ciudadanía en la lengua solicitada, garantizando así el derecho de opción lingüística recogido en la normativa vigente.

Por su parte, Plataforma per la Llengua ha valorado la resolución como un avance significativo en el reconocimiento institucional de las vulneraciones de derechos lingüísticos en el ámbito policial. Òscar Escuder, presidente de la organización, ha señalado que esta sanción demuestra que este tipo de episodios no son percepciones subjetivas, sino infracciones de la obligación de los servidores públicos de garantizar la atención en catalán cuando así se requiere.

Finalmente, la entidad ha anunciado que utilizará el reconocimiento de los hechos por parte de la administración para solicitar la anulación de la sanción administrativa que el agente impuso a la ciudadana durante la intervención original. El caso sienta un precedente en la gestión de conflictos lingüísticos dentro de las fuerzas de seguridad locales, reforzando la obligatoriedad del cumplimiento de los protocolos de atención al ciudadano.