El CES advierte de inseguridad jurídica en el sector agrario de Murcia por la superposición de cinco marcos normativos
El Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia ha emitido un dictamen en el que alerta sobre la situación de inseguridad jurídica que atraviesa el sector agrario debido a la concurrencia de cinco marcos regulatorios distintos. El organismo consultivo, tras analizar el programa de actuación para las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, ha instado al Gobierno regional a clarificar y simplificar las obligaciones vigentes para evitar el solapamiento de normas y la duplicidad de cargas administrativas sobre las explotaciones.
La estructura normativa actual que afecta a los agricultores murcianos se compone del citado programa de actuación de zonas vulnerables, el Real Decreto de Nutrición Sostenible, las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Código de Buenas Prácticas Agrarias y la Ley de recuperación y protección del Mar Menor. Según el CES, esta superposición genera incertidumbre sobre qué disposición debe prevalecer en cada caso, dificultando la gestión técnica y económica de la actividad agraria en la comunidad autónoma.
En su informe, el órgano consultivo emplaza al Ejecutivo autonómico a redimensionar la Ley del Mar Menor con el fin de armonizar sus contenidos con la nueva ordenación de nitratos. El objetivo es reforzar la seguridad jurídica y facilitar la simplificación administrativa, garantizando al mismo tiempo el nivel de protección ambiental. El CES advierte además de que las exenciones previstas en el programa de actuación no guardan la debida coordinación con el Código de Buenas Prácticas Agrarias, lo que podría comprometer la viabilidad de las pequeñas explotaciones.
Por su parte, la plataforma SOS Rural ha denunciado que esta coyuntura ha derivado en un «caos legislativo» inédito en el ámbito europeo. Natalia Corbalán, portavoz de la organización, ha señalado que la falta de claridad afecta especialmente a los pequeños productores al no existir criterios unificados sobre los umbrales de unidades de trabajo agrario (UTA) necesarios para acceder a las exenciones. Según la portavoz, el sector enfrenta una presión burocrática que eleva los costes de producción sin ofrecer respuestas claras sobre la aplicación de las nuevas exigencias.
El dictamen del CES también pone el foco en la ausencia de una evaluación cuantificada del impacto económico que estas obligaciones supondrán para el sector. El documento subraya la falta de análisis específicos sobre la repercusión de las cargas administrativas en las explotaciones de menor tamaño y reclama el estudio de mecanismos de compensación y asistencia técnica para apoyar a los agricultores en el proceso de transición normativa.
Finalmente, el organismo resalta que es imprescindible fundamentar técnicamente los umbrales de exención previstos, ya que las deficiencias detectadas en la actual redacción de la normativa impiden a los profesionales del campo conocer con exactitud qué disposiciones han sido sustituidas y cuáles permanecen plenamente vigentes tras la aprobación de los nuevos programas de actuación.
