Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil elevan la presión ante el bloqueo de Interior por el periodo electoral

El Ministerio del Interior ha comunicado a los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil la paralización de las negociaciones sobre sus principales reivindicaciones laborales, alegando el condicionamiento institucional que supone la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Esta decisión ha generado un incremento de la tensión entre el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y las organizaciones de seguridad, que denuncian una actitud de inmovilismo tras los incidentes registrados la semana pasada durante un encierro en la Secretaría de Estado de Seguridad.

La exclusión de las demandas históricas en el orden del día del Consejo de la Policía, convocado para este miércoles, ha sido interpretada por los sindicatos como una provocación. En lugar de abordar cuestiones relativas a la jubilación o la equiparación, el encuentro se ha centrado en asuntos de trámite, como concursos de méritos e informes de expedientes disciplinarios. Ante este escenario, la unidad de acción entre sindicatos tradicionalmente distantes, como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol, se ha consolidado con el objetivo de intensificar las movilizaciones en plena precampaña electoral.

Reivindicaciones de carácter estructural

El núcleo del conflicto reside en la exigencia de que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas legalmente como profesiones de riesgo. Según explican los representantes de los agentes, este reconocimiento es fundamental para garantizar que la peligrosidad y el desgaste físico de su labor tengan un reflejo efectivo en las condiciones de jubilación, equiparándolos a otros cuerpos de seguridad autonómicos y locales. Los sindicatos reclaman una solución integral que abarque tanto a los agentes integrados en el régimen de Clases Pasivas como a los del Régimen General de la Seguridad Social.

Desde el SUP, su secretario general, Carlos Prieto, ha señalado que la convocatoria electoral no justifica el incumplimiento de los compromisos adquiridos previamente. La organización subraya que los problemas de medios, protección y jornada laboral afectan directamente a la calidad del servicio público. En este sentido, advierten que un personal sometido a fatiga o a una excesiva rotación de turnos ve mermada su capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Impacto en el calendario institucional

El Ministerio del Interior sostiene que el actual marco normativo limita la capacidad de actuación de un Gobierno en funciones o en vísperas de comicios para alcanzar acuerdos que comprometan el gasto de futuras legislaturas. Sin embargo, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos policiales rechazan este argumento, exigiendo que se detalle qué trabajos técnicos han quedado finalizados y qué instrumentos jurídicos son necesarios para materializar los acuerdos pendientes.

La situación de bloqueo coincide con la proximidad de una convocatoria de huelga general y diversas protestas que podrían condicionar la imagen del ministerio en un momento de especial sensibilidad política. Las organizaciones representativas han manifestado que sus exigencias son independientes del signo político del Ejecutivo y que mantendrán la presión hasta que los compromisos verbales se traduzcan en medidas legislativas concretas, especialmente en lo relativo a la equiparación salarial total y la racionalización de las jornadas de trabajo.