Interior suspende las negociaciones para reconocer la profesión de riesgo a policías y guardias civiles
El Ministerio del Interior ha dado por finalizadas las negociaciones con los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil destinadas al reconocimiento de la profesión de riesgo para ambos cuerpos. La decisión se ha formalizado tras la exclusión de este asunto en el orden del día del Pleno del Consejo de la Policía, órgano colegiado que reúne a la administración y a los representantes de los agentes, lo que supone la paralización de un proceso técnico que se ha extendido durante los últimos ocho meses.
La Secretaría de Estado de Seguridad, bajo la dirección de Aina Calvo, ha justificado la suspensión de los trabajos aludiendo a la imposibilidad de cumplir los plazos previstos tras la reciente convocatoria electoral. Según fuentes gubernamentales, la situación de interinidad legislativa impide la tramitación de las partidas económicas y las reformas normativas que requiere el nuevo marco de jubilación anticipada, el cual buscaba equiparar a las fuerzas de seguridad estatales con otros cuerpos policiales que ya disfrutan de este estatus.
Las organizaciones sindicales han manifestado su rechazo ante lo que consideran un incumplimiento de las expectativas generadas. Carlos Prieto, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), ha señalado que el trabajo técnico estaba prácticamente culminado y que la negativa del Ministerio supone una frustración para los 130.000 agentes afectados. Esta desavenencia motivó un encierro de protesta de diez horas en la sede ministerial la pasada semana, que concluyó con el desalojo de los representantes sindicales por parte de unidades operativas de la propia Policía Nacional.
El documento que se encontraba en fase de estudio contemplaba la aplicación de coeficientes reductores para permitir la jubilación con la pensión máxima de forma anticipada. En concreto, la propuesta planteaba que los funcionarios adscritos al régimen de la Seguridad Social pudieran alcanzar el retiro máximo con 31 años de cotización, en lugar de los 37 actuales. Para el personal en régimen de Clases Pasivas, que integra a los guardias civiles y a los policías de mayor antigüedad, el requisito se reduciría de 35 a 30 años de servicio.
Desde el ámbito sindical se ha cuestionado el uso de los Presupuestos Generales del Estado como vehículo para estos cambios legislativos, una vía que las organizaciones consideraban frágil ante la inestabilidad parlamentaria de la legislatura. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil ya habían mostrado previamente su malestar al sentirse discriminadas en los grupos de trabajo iniciales, una situación que el Ministerio intentó reconducir unificando las negociaciones para ambos cuerpos bajo un mismo instrumento jurídico.
Ante la parálisis de las negociaciones, los sindicatos y asociaciones han convocado una concentración de protesta este viernes en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. Las organizaciones han advertido de que esta movilización supone el inicio de un calendario de actuaciones que se mantendrá durante la campaña electoral, con el fin de reivindicar el reconocimiento de sus funciones como actividad de riesgo y eliminar las disparidades existentes con las policías autonómicas y locales en materia de jubilación.
