La Justicia investiga una presunta malversación en las consejerías de turismo en el exterior
Un juzgado de instrucción de Madrid ha incoado diligencias previas para investigar una presunta trama de malversación de caudales públicos en el seno del Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. La investigación se centra en un supuesto sistema de dietas infladas en diversas consejerías de turismo en el extranjero, mediante el cual se habrían cobrado gastos de manutención por actividades que ya estaban cubiertas por programas oficiales y subvenciones públicas.
El procedimiento judicial tiene su origen en una querella presentada a principios de año, fundamentada en el testimonio del consejero de turismo en Oslo. Según el relato de los hechos, estas prácticas no constituirían episodios aislados, sino un mecanismo reiterado que podría haberse extendido a otras sedes estratégicas como las de Nueva York y Milán. La querella señala que el fraude consistía en el abono sistemático de dietas por comidas y cenas de personal en comisión de servicios, a pesar de que el coste de estas ya figuraba como cubierto en la organización de los eventos oficiales.
La querella admitida a trámite solicita la investigación de ocho altos cargos y responsables vinculados a Turespaña. Se les atribuyen presuntos delitos de malversación, encubrimiento, desobediencia y tráfico de influencias. El denunciante sostiene que informó internamente sobre estas irregularidades a sus superiores en el Ministerio sin que se tomaran medidas para frenar los pagos, los cuales habrían sido autorizados de forma continuada con cargo a fondos públicos destinados a la promoción de la Marca España.
La Fiscalía ha otorgado veracidad a los indicios presentados, señalando que los hechos descritos responden a una práctica coordinada en distintos niveles de la administración y no a actuaciones locales. En la actualidad, el debate jurídico se centra en la competencia del tribunal, dirimiendo si la causa debe permanecer en los juzgados ordinarios de Madrid o si, dada la naturaleza transnacional de los hechos y la afectación al erario público en el exterior, debe ser asumida por la Audiencia Nacional.
Las consejerías de turismo en el exterior representan un pilar clave en la estrategia de promoción internacional de España. Actualmente existen 33 delegaciones activas cuyos responsables perciben remuneraciones que oscilan entre los 140.000 y los 300.000 euros anuales, en su mayor parte exentos de tributación. Estas oficinas operan en coordinación con las embajadas y consulados para fomentar los destinos turísticos nacionales en mercados estratégicos.
Turespaña, como organismo autónomo, se rige por el régimen de contabilidad pública estatal. Su gestión económico-financiera está sujeta al control interno de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y al control externo del Tribunal de Cuentas. Por el momento, el organismo no ha emitido una valoración oficial sobre el proceso judicial en curso ni sobre la situación de los cargos señalados en la querella.
