El Partido Popular incluye en su programa electoral la protección del secreto profesional de los periodistas
El Partido Popular ha incorporado en su programa electoral para la próxima legislatura un compromiso explícito con la defensa de la libertad de prensa y el pluralismo informativo. Entre las medidas destacadas se encuentra la protección del secreto profesional de los periodistas y de sus fuentes frente a posibles injerencias del poder político, una iniciativa que busca reforzar la independencia de los medios de comunicación en el marco democrático nacional.
La propuesta de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo surge en un contexto de marcada tensión entre el actual Ejecutivo y diversos sectores del ámbito comunicativo. Según el catálogo de intenciones de los populares, el objetivo principal es garantizar que el ejercicio periodístico pueda desarrollarse sin presiones institucionales, asegurando que el acceso a la información y la reserva de las fuentes permanezcan bajo una protección jurídica reforzada.
Esta postura se presenta como una alternativa al Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en septiembre de 2024. Dicho plan contemplaba 31 medidas destinadas a modificar el ecosistema informativo, incluyendo la creación de un registro estatal de medios para transparentar su propiedad y financiación, así como reformas en la Ley del Derecho al Honor y en la Ley de Seguridad Ciudadana en lo relativo al uso de imágenes de las fuerzas de seguridad.
Desde el Congreso de los Diputados, el bloque gubernamental también promovió modificaciones en el Reglamento de la Cámara para establecer nuevos criterios de acreditación y sanción para los informadores, una iniciativa que no contó con el respaldo del Partido Popular ni de Vox. Asimismo, la actual administración aprobó una partida de 124,5 millones de euros destinada a la digitalización y ciberseguridad de las empresas informativas, una medida que ha sido objeto de debate parlamentario por sus criterios de distribución.
No obstante, la implementación del Plan de Acción por la Democracia se ha visto interrumpida por la inestabilidad parlamentaria. Tras la pérdida del apoyo de socios clave como Junts y la posterior convocatoria de elecciones, 22 de las 31 propuestas originales permanecen sin aplicarse. Entre los proyectos que han quedado bloqueados en las Cortes se encuentran el anteproyecto de ley reguladora del derecho de rectificación y la nueva normativa sobre publicidad del sector público.
El Partido Popular sostiene que su propuesta busca revertir lo que consideran una etapa de descalificaciones hacia los medios de comunicación críticos con la gestión gubernamental. Con este compromiso electoral, la formación aspira a consolidar un marco legislativo que proteja la labor de investigación periodística, especialmente en procesos relacionados con la fiscalización de la gestión pública y la transparencia institucional.
