La Policía Nacional interviene un lanzacohetes y fusiles de asalto destinados al narcotráfico en Sevilla
La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla una red de intermediarios dedicada al suministro de armamento bélico a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. La denominada ‘Operación Dictator’ se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de un lanzacohetes anticarro M80 y un fusil de asalto AK-47. Este hallazgo confirma, según los informes policiales, un incremento en la capacidad de fuego de las mafias que operan en Andalucía, elevando la amenaza sobre las unidades terrestres, marítimas y, por primera vez de forma explícita, sobre los medios aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La investigación, que se inició el pasado mes de junio, permitió identificar un circuito de comercialización de material de guerra asentado principalmente en la localidad de Dos Hermanas. Según fuentes policiales, los arrestados actuaban como nexos entre proveedores de armas y compradores del sector del narcotráfico, llegando a tasar los fusiles de asalto en el mercado negro en unos 6.000 euros por unidad. Durante el dispositivo, los agentes realizaron cuatro registros domiciliarios —tres en Dos Hermanas y uno en la capital hispalense— que permitieron la recuperación de los dispositivos en pleno estado de funcionamiento.
El material intervenido destaca por su origen y potencia militar. El lanzacohetes M80, de fabricación yugoslava, es una pieza diseñada para perforar blindajes de hasta 30 centímetros de acero, lo que le otorga capacidad técnica para inutilizar embarcaciones patrulleras o derribar helicópteros en vuelo. Por su parte, el fusil Zastava M70, variante del Kalashnikov, emplea munición de calibre 7,62 milímetros con un alcance efectivo de hasta 400 metros. Las autoridades advierten que este armamento excede con creces las armas cortas o fusiles modificados detectados anteriormente en la zona del cauce del Guadalquivir y el litoral andaluz.
Este episodio se enmarca en un contexto de creciente hostilidad en el sur de España. La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2026 ya alertaba sobre la proliferación de armas de guerra asociadas a los alijos de droga. Antecedentes como el fallecimiento de dos agentes en Barbate en febrero de 2024 tras ser embestidos por una narcolancha, o los tiroteos con fusilería automática registrados en Isla Mayor y las costas de Huelva, evidencian un cambio de estrategia en las organizaciones criminales, que han pasado de las maniobras de evasión al enfrentamiento directo con las patrullas.
Las asociaciones profesionales y sindicatos policiales han reaccionado a esta intervención reiterando sus demandas de mayores recursos materiales y humanos. Organizaciones como JUCIL y AUGC han reclamado urgentemente la dotación de protección balística adecuada, armamento de mayor calibre y la renovación de las comunicaciones para las unidades operativas. Asimismo, han instado al Ministerio del Interior a declarar la región como Zona de Especial Singularidad debido a la alta peligrosidad de las intervenciones.
Por otro lado, colectivos como JUPOL han vuelto a poner sobre la mesa la exigencia de clasificar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como profesión de riesgo. El aumento del potencial bélico del narcotráfico en Andalucía no solo supone una amenaza para el orden público, sino que altera los protocolos de actuación policial, obligando a los especialistas TEDAX y a las unidades de intervención a extremar las precauciones ante el riesgo de uso de armamento pesado en entornos civiles y fluviales.
Las armas incautadas han sido remitidas a los departamentos de balística y desactivación de explosivos para su análisis detallado y posterior destrucción. Mientras tanto, la investigación permanece abierta para determinar el origen exacto de este material de guerra y la posible existencia de otros depósitos de armamento similares en la región andaluza.
