El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este martes desde Bruselas la solidez y el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. El titular de Exteriores ha asegurado que el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo progresa según lo previsto, a pesar de la oposición manifestada por el Partido Popular, formación a la que ha acusado de intentar sabotear un pacto que considera vital para la seguridad jurídica y económica de la comarca gaditana.
Durante su comparecencia ante los medios en la capital comunitaria, Albares ha subrayado que la entrada en vigor del tratado es fundamental para los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar y, específicamente, para los 15.000 trabajadores transfronterizos que dependen de la fluidez en la verja. El ministro ha sostenido que las perspectivas de ratificación son favorables y que el Gobierno mantiene contactos con todos los grupos políticos en la Eurocámara para asegurar un respaldo mayoritario en la votación plenaria, prevista inicialmente para el próximo 14 de diciembre.
En el marco de su agenda institucional en Bruselas, el ministro se ha reunido con responsables de la Comisión Europea con el objetivo de ultimar los detalles técnicos de la aplicación del acuerdo. Según ha explicado, ya se han iniciado las reuniones de los primeros comités técnicos, un paso previo necesario para la plena operatividad del pacto. Albares ha destacado, asimismo, que el puerto de Algeciras está registrando un incremento en su actividad de tránsito de mercancías vinculado a Gibraltar, lo que a su juicio confirma el potencial del acuerdo para generar empleo de calidad en la provincia de Cádiz.
Por el contrario, el Partido Popular ha reafirmado su rechazo al contenido del acuerdo. Los eurodiputados de la formación argumentan que el Gobierno de España ha desaprovechado la coyuntura del Brexit para lograr avances significativos en la reivindicación histórica de la soberanía sobre el Peñón. Desde el PP se critica que el pacto mantenga desequilibrios fiscales y regulatorios que, según su criterio, perjudican a los municipios españoles colindantes, y lamentan que España no haya ejercido su derecho de veto para forzar una negociación sobre la descolonización del territorio.
Otro de los puntos de fricción señalados por la oposición es la ausencia de un debate y votación sobre el acuerdo en las Cortes Generales. El Partido Popular considera un «atropello» que el texto no se someta al control del Parlamento español, contrastando esta situación con los procedimientos seguidos en el Reino Unido y en el propio Gibraltar. En su programa electoral, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo califica la relación con el Peñón como una «cuestión de Estado» y se compromete a renegociar los términos del acuerdo para proteger los intereses nacionales y la integridad territorial.
El calendario previsto para la aprobación definitiva del tratado marca un hito relevante el día posterior a las próximas elecciones generales en España, momento en el que las comisiones competentes del Parlamento Europeo realizarán una primera votación. El Gobierno confía en que, tras este trámite, el proceso culmine antes de finalizar el año, permitiendo la plena integración de la zona en un marco de prosperidad compartida, mientras que la oposición mantiene su compromiso de revisar el alcance del compromiso internacional si llega al Ejecutivo.
