La Audiencia Nacional requiere al Tribunal de Cuentas aclarar las donaciones del PSOE entre 2017 y 2024
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado al Tribunal de Cuentas (TCu) la entrega de un informe técnico para aclarar la naturaleza de las donaciones recibidas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante el periodo comprendido entre 2017 y 2024. El instructor ha otorgado un plazo de diez días al órgano fiscalizador para remitir la documentación, en el marco de las diligencias que investigan una presunta financiación irregular de la formación política.
La providencia judicial se produce tras la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del Tribunal de Cuentas el pasado jueves. Los investigadores habrían detectado «discordancias» entre los fondos declarados oficialmente por el partido ante el órgano de control y los movimientos de capital destinados a sufragar gastos ordinarios y campañas electorales. Según las pesquisas policiales, el flujo de efectivo de la organización habría experimentado un aumento considerable en los ejercicios bajo sospecha.
Entre los elementos bajo análisis se encuentran las aportaciones recabadas mediante plataformas de financiación participativa o «crowdfunding» durante el proceso de primarias de 2017. La investigación rastrea el posible uso de identidades fragmentadas para canalizar fondos de origen desconocido en pequeñas cantidades, una práctica que habría evitado los umbrales de fiscalización automática del Tribunal de Cuentas, situados en aportaciones superiores a los 25.000 euros.
Asimismo, la UCO pone el foco en la gestión del dinero en efectivo de la sede central de Ferraz. Los informes policiales señalan diferencias entre las retiradas de fondos reconocidas por la formación y los pagos realizados a colaboradores de la Secretaría de Organización en etapas anteriores. Este desajuste contable se vincula en la instrucción con el entorno de exmiembros del Ministerio de Transportes y del propio partido, actualmente investigados en otras piezas derivadas del denominado caso Koldo.
Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su postura a favor de que la actividad judicial se mantenga al margen de la confrontación política durante los periodos de campaña electoral. El titular de Justicia calificó de «prudente y razonable» la práctica de suspender diligencias que afecten a partidos políticos en vísperas de comicios, apelando a la «profesionalidad» e «imparcialidad» de los órganos judiciales ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre.
A pesar del plazo de diez días otorgado por el juez Moreno, la resolución de esta pieza separada sobre financiación podría demorarse. Fuentes jurídicas apuntan a que, debido al volumen de documentación y a la necesidad de realizar auditorías cruzadas, el contenido detallado del informe del Tribunal de Cuentas y las conclusiones definitivas de los investigadores podrían no trascender públicamente hasta la próxima primavera, permaneciendo bajo reserva judicial durante el actual ciclo electoral.
