La firma armamentística SAPA, presente en el contrato del vehículo 8×8 investigado por Anticorrupción
La empresa armamentística vasca SAPA Operaciones, que realizó pagos por un total de 145.200 euros a la constructora Servinabar entre los años 2021 y 2022, forma parte activa del consorcio TESS Defence, adjudicatario de uno de los mayores contratos del Ministerio de Defensa actualmente bajo el escrutinio de la Fiscalía Anticorrupción. Se trata del programa para la fabricación del vehículo blindado 8×8 Dragón, cuya licitación alcanzó un importe aproximado de 2.100 millones de euros.
La vinculación de la compañía con Servinabar ha quedado reflejada en un informe de la Hacienda Foral de Navarra remitido al Tribunal Supremo. El documento detalla dos transferencias realizadas por SAPA a la sociedad vinculada al empresario Antxon Alonso: una de 101.640 euros y otra de 43.560 euros. Estos movimientos contables se produjeron en un marco temporal en el que Servinabar ha sido relacionada con el entorno del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, si bien SAPA no ha detallado públicamente la naturaleza de los trabajos que justificaron dichos abonos.
La participación de SAPA en el sector de la defensa nacional se consolidó durante el mismo periodo de estas operaciones financieras. En diciembre de 2021, la firma dirigida por Jokin Aperribay entró en el capital de Indra tras adquirir un 5% de sus acciones, operación que contó con el respaldo del Gobierno a través de la SEPI. Posteriormente, la empresa elevó su participación hasta el 7,94% y obtuvo un asiento en el consejo de administración de la tecnológica, además de recibir una subvención estatal de 32 millones de euros procedentes de fondos europeos en 2022.
Actualmente, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre las adjudicaciones de Defensa tras una denuncia que apunta a posibles delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Las pesquisas se centran de forma específica en Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), socios de SAPA en el consorcio TESS Defence junto a Santa Bárbara Sistemas. No obstante, en el estado actual de las investigaciones, no consta que SAPA esté siendo investigada de manera individual ni que se le atribuya responsabilidad penal alguna.
Uno de los puntos críticos señalados por la investigación es el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que cuestiona la adjudicación del programa 8×8 Dragón. Según el organismo fiscalizador, existen indicios de que la concesión al consorcio podría haber estado decidida antes de su constitución formal en agosto de 2020. Además, la Fiscalía examina otros procedimientos relativos al sistema lanzacohetes SILAM y a sistemas antidrones, elevando la cifra total de contratos bajo sospecha a 2.348 millones de euros.
La investigación también abarca la vertiente financiera de los programas de modernización militar. El Ministerio Público analiza el reparto de préstamos públicos a interés cero aprobados por el Gobierno en octubre de 2025, que movilizaron más de 6.800 millones de euros. De esta cuantía, una parte sustancial habría sido destinada a alianzas empresariales en las que participan los principales operadores del sector, con el objetivo de esclarecer si existió un trato de favor en los mecanismos de financiación y contratación pública.
La confluencia de la aparición de SAPA en los registros contables de Servinabar y su rol estratégico en los contratos de Defensa bajo sospecha sitúa a la firma vasca en el centro del foco informativo. Si bien la coexistencia de ambos escenarios no establece por sí misma una conexión delictiva, las autoridades competentes mantienen el análisis sobre los flujos económicos y las adjudicaciones que han marcado la trayectoria de la empresa en el último lustro.


