La parálisis en la respuesta de Marruecos condiciona el retorno de los menores migrantes en Ceuta
La gestión de la crisis migratoria en Ceuta enfrenta un obstáculo administrativo y diplomático significativo ante el silencio de las autoridades de Marruecos respecto a los expedientes de reagrupación familiar. Pese a los acuerdos bilaterales vigentes, la Policía Nacional ha remitido 170 expedientes detallados para el retorno de menores no acompañados sin que, hasta la fecha, el país vecino haya emitido respuesta alguna. Esta situación mantiene la red de acogida de la ciudad autónoma en niveles críticos, con una sobreocupación que multiplica por 130 su capacidad ordinaria.
En la actualidad, Ceuta asume la tutela de 3.767 menores distribuidos en 23 centros habilitados, una cifra que ilustra la saturación del sistema cuatro meses después de los episodios de entrada masiva. A estos datos se suman, según denuncian diversas organizaciones no gubernamentales, unos 500 jóvenes adicionales que pernoctan en la vía pública al no haber sido aún integrados en el sistema de protección oficial. La falta de respuesta de Rabat ha sido interpretada por fuentes policiales como una ausencia de voluntad de colaboración técnica para completar los procedimientos de retorno.
Fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras señalan que el trabajo técnico se ha ejecutado conforme a los requerimientos legales, incluyendo la localización de los familiares y la verificación de que el regreso al hogar se ajusta al interés superior del menor. No obstante, el bloqueo marroquí impide ejecutar lo estipulado en el acuerdo bilateral entre España y el reino alauí sobre la circulación de personas y el retorno de menores no acompañados, el cual exige una comunicación fluida entre ambas administraciones.
Ante este escenario, el Ministerio de Juventud e Infancia ha comenzado a trabajar bajo la premisa de que la mayoría de estos menores permanecerán en territorio español. La titular del departamento, Sira Rego, ha defendido que la legislación vigente protege a estos adolescentes y que, ante la imposibilidad de una reagrupación familiar efectiva y segura, el Ejecutivo procederá al traslado de los jóvenes hacia recursos asistenciales de otras comunidades autónomas para aliviar la congestión que sufre el sistema ceutí.
Por otro lado, la tensión institucional entre el Gobierno de Ceuta y la Moncloa se ha agudizado debido a la gestión de los inmigrantes adultos. El Ejecutivo autonómico que preside Juan Jesús Vivas critica la lentitud en la ejecución de las expulsiones. Pese a que se han iniciado unos 8.000 expedientes, la efectividad de los mismos es casi nula, limitándose únicamente a casos con antecedentes penales. El principal escollo radica en la dificultad de localizar a los migrantes una vez que, tras iniciar sus trámites de asilo, obtienen libertad de movimiento.
Finalmente, la situación sobre el terreno refleja una realidad ambivalente. Mientras un número indeterminado de personas permanece en paradero desconocido o intenta cruzar a la península como polizones en el puerto, se ha registrado un flujo de retornos voluntarios de ciudadanos marroquíes en las últimas semanas. Sin embargo, para los menores bajo tutela pública, el futuro inmediato sigue supeditado a la resolución del bloqueo diplomático o a su redistribución definitiva por el resto del territorio nacional.


