La dirección de Correos omite las mejoras técnicas propuestas por su personal para la gestión del voto exterior
La dirección de la sociedad estatal Correos ha declinado la implementación de una serie de protocolos y recomendaciones técnicas elaboradas por sus propios especialistas para optimizar la seguridad, la trazabilidad y la agilidad en la gestión del voto de los españoles residentes en el extranjero (CERA). Estas propuestas, articuladas en dos informes internos fechados en julio y octubre de 2022, buscaban adaptar la capacidad operativa de la compañía tras la supresión del sistema de voto rogado, una reforma legislativa que multiplicó por diez el volumen de envíos electorales internacionales.
Según los documentos técnicos, la transición hacia un modelo donde las papeletas se envían de oficio a todo el censo exterior —alcanzando los 2,26 millones de electores en las últimas elecciones generales— ponía de manifiesto carencias en el sistema operativo vigente. Los analistas de la compañía pública advirtieron de que el mantenimiento del procedimiento actual incrementaba el riesgo de retrasos y extravíos, proponiendo hasta seis ejes de actuación para modernizar el circuito de la documentación electoral.
La principal recomendación técnica consistía en la sustitución del producto postal empleado. Hasta la fecha, los sobres electorales se gestionan como carta certificada internacional, una categoría que, según los informes, carece de prioridad en los operadores extranjeros y no ofrece información de entrega en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Los técnicos propusieron el uso del servicio EMS (paquetería prémium), que obliga contractualmente a todos los operadores de la red postal internacional a priorizar el transporte y la distribución de estos envíos.
Asimismo, los informes instaban a la implantación de una etiqueta armonizada y una admisión unitaria de cada sobre. El procedimiento aplicado hasta ahora carecía de una admisión individualizada acorde a los estándares internacionales, lo que dificultaba su seguimiento electrónico. La propuesta incluía el uso de protocolos ITMATT y EMSVT3 para que los servicios postales de destino pudieran prever la llegada de la documentación, agilizando así el paso por aduanas y el reparto domiciliario final mediante lectura automatizada en máquinas clasificadoras.
En el ámbito logístico, los especialistas recomendaron la automatización de la clasificación en los centros de tratamiento de España para evitar la manipulación manual, que actualmente genera cuellos de botella. Según los cálculos internos, la red de Correos tiene capacidad para clasificar automáticamente más de un millón de sobres diarios. Además, se sugirió la activación de un cuadro de mando en tiempo real para supervisar las expediciones y corregir incidencias antes del vencimiento de los plazos legales de votación.
Un punto crítico de los informes señalaba la necesidad de contratar servicios de mensajería privada para ocho países de Latinoamérica —donde se concentra el 41,84% del censo exterior— debido a la precariedad de sus redes postales nacionales. La propuesta técnica planteaba licitar acuerdos marco con operadores como UPS, DHL o FedEx para garantizar la entrega en destinos como Argentina, Venezuela, Cuba o México, donde la fiabilidad del servicio postal estándar es reducida.
A pesar de que estos análisis fueron remitidos a la Dirección de Relaciones Institucionales y a la presidencia de la compañía, las medidas no han sido integradas en la operativa oficial. La falta de actualización de estos protocolos técnicos coincide con un periodo de baja participación en el voto CERA y con un peso demográfico del censo exterior que, en provincias como Ourense o Lugo, representa entre el 25% y el 40% del total de electores, factor determinante en la adjudicación de escaños.


