domingo, noviembre 22, 2026
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La precaria recuperación de la economía en Venezuela

Venezuela registra expansión económica en 2026 bajo desafíos estructurales y dependencia externa

Venezuela cierra el ejercicio fiscal de 2026 con un crecimiento económico estimado del 7%, consolidando una tendencia de recuperación que, según proyecciones del Banco Central de Venezuela (BCV), podría intensificarse en 2027. A pesar de encadenar 22 trimestres de expansión sostenida, el aparato productivo nacional enfrenta obstáculos críticos relacionados con el colapso de los servicios públicos, una deuda externa que oscila entre los 180.000 y 240.000 millones de dólares y una marcada dependencia de la política exterior de Estados Unidos.

Los datos oficiales indican que la actividad petrolera ha experimentado un alza del 8%, mientras que sectores no petroleros, como las finanzas y seguros (+29%) y la construcción (+35,75%), lideran la dinamización interna. No obstante, especialistas advierten que este repunte resulta insuficiente para compensar la contracción del 75% del Producto Interno Bruto (PIB) registrada entre 2014 y 2021, periodo marcado por la hiperinflación y una depresión económica que desplazó al país de las principales economías regionales.

Reforma eléctrica y déficit de inversión

Ante la crisis energética que mantiene racionamientos eléctricos prolongados fuera de la capital, el Gobierno de la interina Delcy Rodríguez ha promulgado la nueva Ley del Sistema Eléctrico. Esta normativa pone fin al monopolio estatal vigente desde hace dos décadas y autoriza la participación de capitales privados en las fases de generación, transmisión y distribución. El sector empresarial estima que se requieren inversiones cercanas a los 40.000 millones de dólares para cubrir un déficit operativo de hasta 4.000 megavatios.

La viabilidad de esta apertura económica es cuestionada por la opinión pública. Según una reciente encuesta de Atlas Intel, el 55% de los ciudadanos califica de «pésima» la gestión económica actual. El descontento se fundamenta en la precariedad de los servicios de salud y educación, así como en la falta de transparencia sobre la sostenibilidad de la deuda externa, cuyo análisis oficial de pagos continúa pendiente de publicación.

Privatización de la industria petrolera

En el ámbito energético, la gestión actual ha suscrito aproximadamente 84 contratos confidenciales con socios internacionales, incluyendo corporaciones como Chevron, Repsol y ENI. Estos acuerdos han transformado el modelo de gestión de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que actualmente genera solo el 12% de la producción total de 1,158 millones de barriles diarios, delegando el resto a consorcios privados y actores autorizados bajo condiciones de opacidad administrativa.

Analistas internacionales, como el profesor Javier Corrales, señalan que esta estrategia consolida un modelo de rentismo económico que beneficia a sectores específicos vinculados al Estado, sin garantizar un restablecimiento pleno de los derechos de propiedad o una distribución equitativa de la riqueza. La falta de seguridad jurídica y reglas democráticas claras permanece como el principal freno para la llegada de inversiones de gran escala en infraestructura no petrolera.

Influencia geopolítica y control militar

El escenario político y económico venezolano se encuentra fuertemente influenciado por la administración de Donald Trump. La reciente visita a Caracas del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien suscribió un acuerdo militar con el Gobierno interino tras su paso por el Fuerte Tiuna, subraya el control estratégico que Washington ejerce sobre la seguridad y los recursos energéticos del país.

Mientras la oposición liderada por María Corina Machado mantiene sus exigencias de una transición hacia una democracia plena con elecciones libres, el fortalecimiento de los vínculos militares y comerciales entre Caracas y Washington parece estabilizar el control económico de la administración actual. El futuro de la economía venezolana sigue supeditado a la renegociación de la deuda y a la capacidad de las reformas internas para atraer capitales en un entorno de alta incertidumbre institucional.

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