Carlos Hernández Quero vincula la crisis de vivienda a la política migratoria y propone derogar la ley estatal
El portavoz de Vivienda y Agenda Urbana de Vox, Carlos Hernández Quero, ha desgranado las líneas maestras de su formación ante las próximas elecciones del 29-N, situando la política de fronteras y la presión fiscal como los ejes centrales del problema habitacional en España. El diputado por Málaga defiende una reestructuración profunda del sector que pasa por la derogación inmediata de la actual Ley de Vivienda y una reducción drástica de las trabas burocráticas para aumentar la oferta disponible.
Hernández Quero sostiene que el encarecimiento de los precios y la escasez de inmuebles guardan una relación directa con lo que denomina «políticas de fronteras abiertas». Según el portavoz de Vox, la entrada de seis millones de personas en los últimos cinco años ha generado una hiperdemanda que el mercado no puede absorber, provocando además un estancamiento salarial y la saturación de los servicios públicos. Por ello, propone un control migratorio estricto y procesos de remigración como medida para aliviar la presión sobre el parque de viviendas y los barrios de menor renta.
Respecto al marco normativo, el portavoz asegura que, en caso de alcanzar una mayoría tras los comicios, Vox derogará íntegramente la actual Ley de Vivienda. A su juicio, la regulación vigente, especialmente los topes a los precios del alquiler, ha provocado la retirada de inmuebles del mercado de larga duración y ha endurecido los requisitos de solvencia exigidos por los propietarios. Esta situación, según el diputado, ha generado una «casta de inalquilables» entre los jóvenes y las familias trabajadoras, que quedan excluidos del mercado formal.
En el ámbito fiscal, la propuesta de Vox contempla la eliminación de impuestos para la adquisición de la primera vivienda, argumentando que España mantiene una de las presiones impositivas más altas de la OCDE en este sector. Asimismo, el diputado aboga por una reforma de la Ley del Suelo que agilice los procesos de transformación urbana, reduciendo los tiempos de espera que actualmente superan la década para nuevos desarrollos, y simplificando las licencias e informes técnicos para abaratar el coste final de la construcción.
El diagnóstico de Hernández Quero también señala una caída del 95% en la producción de vivienda protegida respecto a los niveles registrados en los años sesenta y ochenta. El portavoz critica la gestión presupuestaria del Gobierno actual, denunciando que el nivel de ejecución en vivienda es insuficiente en comparación con otras partidas, como la cooperación al desarrollo. Para revertir esta tendencia, propone recuperar la vivienda protegida como herramienta de movilidad social y realizar una auditoría del patrimonio inmobiliario del Estado y de la Sareb para movilizar suelos públicos.
Finalmente, el doctor en Historia Contemporánea advierte que cualquier aumento de la oferta debe ir acompañado de una inversión proporcional en infraestructuras básicas. Según el diputado, la red eléctrica y de transporte actual presenta carencias estructurales que comprometerían los planes de construcción masiva, por lo que defiende un modelo de ciudades en red que distribuya las oportunidades laborales y residenciales de forma equilibrada por todo el territorio nacional.


