El Ministerio del Interior ha entregado de forma parcial la documentación relativa a la concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil otorgada en 2020 a Jesús Alonso Cristóbal, fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El expediente administrativo, obtenido a través del Portal de Transparencia, presenta diversas tachaduras que ocultan detalles de las propuestas tramitadas para la concesión de la máxima distinción del Instituto Armado.
La publicación de estos documentos coincide con el actual desempeño de Alonso al frente de la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ocurrida el pasado mes de julio. El fiscal jefe asumió personalmente las diligencias el pasado septiembre tras relevar al fiscal José Perals, quien era partidario de que la Audiencia Nacional profundizara en la posible implicación de autoridades extranjeras en los hechos.
El Real Decreto 1004/2020, de 10 de noviembre, formalizó la condecoración a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, previa deliberación del Consejo de Ministros. No obstante, el oficio de remisión y la nota de despacho que acompañaba la propuesta original, firmados por la entonces directora general de la Guardia Civil, María Gámez, contienen supresiones de contenido. La administración justifica estos tachones en la necesidad de proteger datos personales de terceros implicados en el proceso administrativo.
En las partes legibles del expediente, la Guardia Civil justifica la distinción por la «colaboración sobresaliente» de Jesús Alonso con la institución. Se destaca su labor en las funciones de Policía Judicial y el mantenimiento de las relaciones profesionales entre el Ministerio Fiscal y el cuerpo de seguridad. Los méritos profesionales reseñados abarcan su trayectoria desde 1989, subrayando su participación en investigaciones contra el terrorismo de ETA y los atentados de Cataluña de 2017, así como su coordinación con la Jefatura de Información y la Unidad Central Operativa (UCO).
La relevancia del expediente se ha visto acrecentada por el contexto procesal actual. Alonso lidera ahora la posición de la Fiscalía en una causa que investiga presuntos delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal. El relevo del fiscal Perals por parte de Alonso se produjo tras la difusión de informes policiales que apuntaban a una posible coordinación de agentes marroquíes en el salto fronterizo, un extremo sobre el que el Ejecutivo ha mantenido una postura de cautela.
Desde el Ministerio Público se ha reiterado que la decisión de Alonso de asumir directamente estas diligencias responde a la «singularidad y trascendencia» del procedimiento, una facultad que entra dentro de las competencias ordinarias de un fiscal jefe. La condecoración objeto de la polémica fue aprobada casi cuatro años antes de que se produjera este relevo en la investigación judicial.
Finalmente, la respuesta de Transparencia declina ofrecer explicaciones adicionales sobre el intervalo de tiempo transcurrido entre la concesión en 2020 y la entrega efectiva de la placa. La Guardia Civil argumenta que el derecho de acceso se limita a documentos existentes y no obliga a la elaboración de informes Ad Hoc. Asimismo, el expediente confirma que esta categoría de la Orden del Mérito no conlleva ninguna retribución económica ni pensión vitalicia para el condecorado.


