El Ministerio de Igualdad investiga un presunto crimen machista en Córdoba
El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha iniciado la recopilación de datos ante un presunto asesinato por violencia de género ocurrido este lunes en la capital cordobesa. La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de la muerte por apuñalamiento de una mujer en el barrio de la Fuensanta, en el entorno de la Plaza de la Juventud.
Los hechos se produjeron en torno a las 9:00 horas, momento en el que las fuerzas de seguridad recibieron un aviso alertando sobre una agresión en un domicilio particular. Al personarse en la vivienda, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de la víctima y detuvieron en el mismo lugar al sospechoso, quien presuntamente era la expareja de la fallecida. Según han confirmado fuentes policiales, ambas personas se encontraban registradas en el sistema de seguimiento VioGén.
De confirmarse la naturaleza machista del suceso, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 16 en lo que va de año, elevando el total histórico a 1.259 desde que se iniciaron los registros oficiales en 2003. Este caso representaría el cuarto asesinato de estas características en Andalucía en el presente ejercicio, consolidándose como la comunidad autónoma con mayor número de víctimas mortales hasta la fecha.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha difundido la situación a través de los canales oficiales de la administración, subrayando que se encuentran a la espera de los informes periciales definitivos para la ratificación estadística del caso. El departamento que dirige Ana Redondo mantiene activos los protocolos de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para esclarecer las circunstancias que rodearon el apuñalamiento.
Este nuevo incidente ha vuelto a poner el foco en el funcionamiento de los mecanismos de protección, dado que el registro de los implicados en el sistema VioGén implica la existencia de antecedentes o riesgos previos detectados por la administración. Las autoridades locales y nacionales han reiterado el compromiso institucional con la erradicación de esta lacra social y el refuerzo de la vigilancia sobre los casos de riesgo detectados.
