El Gobierno califica de «impropias de la democracia» las expresiones del juez Peinado en el cierre de la instrucción contra Begoña Gómez

El Ejecutivo central ha manifestado este lunes su profundo rechazo ante el contenido del auto emitido por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, mediante el cual se da por finalizada la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Desde el Palacio de la Moncloa han calificado como «impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes» diversas consideraciones incluidas en la resolución judicial, que propone juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

La reacción gubernamental se produce tras conocerse que el magistrado instructor considera finalizada la fase de diligencias previas, solicitando la apertura de juicio oral. No obstante, el enfoque institucional se ha centrado en la crítica a los términos empleados por Peinado en su argumentación jurídica, los cuales han sido tildados de «lamentables» por fuentes oficiales, al considerar que se alejan de la neutralidad técnica exigible en sede judicial.

Uno de los puntos de mayor fricción reside en un párrafo específico del auto donde el juez sostiene que las conductas investigadas «parecen más propias de regímenes absolutistas» y señala que, para su análisis, «quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII». El instructor justifica esta referencia para realizar una interpretación teleológica y hermenéutica de los artículos 428 y 429 del Código Penal, relativos al tráfico de influencias. Para el Gobierno, esta comparativa histórica resulta ajena al marco constitucional vigente y supone un exceso en la función jurisdiccional.

Asimismo, desde el entorno de la Presidencia se ha cuestionado la oportunidad temporal de la resolución. Las fuentes consultadas han subrayado que la decisión del juez Peinado coincide con el viaje oficial del presidente Pedro Sánchez a China, donde se encuentra acompañado por su esposa. Desde el Gobierno se recuerda que no es la primera vez que se producen hitos procesales de esta causa en coincidencia con desplazamientos internacionales de Gómez a destinos como Nueva York, Brasil o la India.

En el ámbito jurídico, el cierre de la instrucción marca un punto de inflexión en el procedimiento. El juez Peinado mantiene los indicios de criminalidad sobre la investigada tras meses de declaraciones y requerimientos documentales. Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha venido sosteniendo la inexistencia de irregularidades en su actividad profesional, enmarcando las actuaciones judiciales dentro de una interpretación extensiva y sin base probatoria suficiente.

Con la publicación de este auto, se abre el plazo para que las partes formulen sus escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa. El Ejecutivo, mientras tanto, apela al respeto a la separación de poderes y a la integridad de las instituciones, reiterando su disconformidad con lo que consideran un uso inapropiado del lenguaje jurídico en una resolución de calado institucional.