Revelan un encuentro entre Andoni Ortuzar y el presidente de Grupo Hafesa previo a la concesión de beneficios fiscales

El expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortuzar, mantuvo una reunión presencial en Bilbao con el empresario Alejandro Hamlyn, máximo responsable del Grupo Hafesa, durante el primer trimestre de 2023. Este encuentro se produjo meses antes de que la Diputación Foral de Vizcaya autorizara una serie de aplazamientos en el pago de impuestos sobre el valor añadido (IVA) e hidrocarburos a diversas sociedades del conglomerado energético, por un importe total de 225 millones de euros.

Según fuentes internas de la formación jeltzale, el interés de Sabin Etxea radicaba en la relevancia económica de la petrolera, considerada uno de los principales contribuyentes del País Vasco debido al volumen de sus operaciones y a la ubicación de sus depósitos fiscales en territorio vizcaíno. El objetivo estratégico de la reunión era incentivar el traslado de las sedes operativas del grupo, situadas mayoritariamente en Madrid, hacia la comunidad autónoma vasca. Ortuzar, al ser consultado sobre los detalles de esta cita, ha optado por no realizar declaraciones oficiales.

El contexto procesal de Alejandro Hamlyn en el momento del encuentro incluía antecedentes judiciales de relevancia. Cuatro años antes de la cita con el dirigente nacionalista, el empresario fue detenido en el marco de la denominada Operación Drake, vinculada a un presunto fraude fiscal de 154 millones de euros en el sector energético. Asimismo, dos años antes de la reunión, la Audiencia Nacional había propuesto juzgar a Hamlyn por supuestos delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

La aprobación del aplazamiento de los 225 millones de euros a finales de 2023 generó reacciones críticas tanto en el ámbito empresarial como en el político. Representantes del sector petrolero denunciaron ante la Hacienda foral, bajo gestión del PNV, que la medida suponía una situación de competencia desleal. Las críticas se fundamentaban en que la operadora beneficiaria, Hafesa Energía, se encontraba en ese momento bajo investigación por fraude de IVA, causa que culminaría en una condena por parte de la Audiencia Nacional a finales de 2025.

En el plano parlamentario, el Partido Popular (PP) subrayó que la cifra aplazada a Hafesa representaba aproximadamente el 10,3% del total de los aplazamientos fiscales concedidos por la Diputación entre 2012 y 2025, los cuales ascendieron a 2.165 millones de euros. Por su parte, Elkarrekin Podemos solicitó una aclaración urgente a la Hacienda Foral para determinar si existió un trato de favor, poniendo el foco en la condición de investigada que ostentaba la compañía petrolera durante el proceso administrativo.

Ante la controversia suscitada, el PNV defendió la legalidad de la gestión en junio de 2025 ante la Comisión de Hacienda y Finanzas de las Juntas Generales. Los representantes jeltzales justificaron la medida como parte de una política ordinaria de flexibilidad financiera para empresas con gran actividad económica en el territorio, rechazando cualquier irregularidad en el procedimiento administrativo que favoreció al Grupo Hafesa.

Finalmente, han trascendido comunicaciones telemáticas de principios de 2025 entre Hamlyn, ubicado entonces en Dubái, y personas vinculadas al entorno del PSOE. En dichas conversaciones, el empresario expresó una valoración positiva sobre su relación con Ortuzar, describiéndolo como un interlocutor serio y fiable. Estos diálogos han formado parte de las investigaciones sobre presuntas mediaciones para facilitar acuerdos con la Fiscalía en otras causas judiciales que afectan al sector energético.