Bolaños manifiesta su confianza en que un tribunal superior revoque el procesamiento de Begoña Gómez

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este lunes su convencimiento de que las instancias judiciales superiores anularán la resolución dictada por el magistrado Juan Carlos Peinado. El juez ha propuesto juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación antes del acto de presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ, el titular de Justicia ha calificado la instrucción de la causa como un proceso que ha generado malestar en sectores de la ciudadanía y del ámbito judicial. Según Bolaños, el desarrollo de las investigaciones ha provocado un menoscabo en la reputación del sistema judicial que, en su opinión, podría resultar difícil de subsanar a corto plazo.

El ministro ha fundamentado su postura en la ausencia de pruebas materiales que sostengan las acusaciones formuladas en el auto de transformación en procedimiento abreviado. «Donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer», ha afirmado Bolaños, reiterando su expectativa de que un «tribunal imparcial» corrija la trayectoria de la instrucción actual al revisar los recursos correspondientes.

Durante la comparecencia, el representante del Ejecutivo fue interpelado sobre si considera que las actuaciones del juez Peinado podrían incurrir en un presunto delito de prevaricación. Aunque Bolaños evitó una respuesta afirmativa directa, remitió a los periodistas a sus valoraciones críticas previas sobre la labor del magistrado, sugiriendo que su posición sobre el rigor del procedimiento es conocida.

La reacción del Gobierno se produce en un contexto de fuerte confrontación política. Mientras el Ministerio de Justicia cuestiona la solidez de la resolución, desde la oposición, el Partido Popular ha valorado la situación procesal de la esposa del presidente como un hecho de extrema gravedad institucional tras la decisión del juzgado de instrucción número 41 de Madrid de dar por finalizada la fase de investigación con indicios de criminalidad.