Imputan al alcalde de Ourense por presunta prevaricación al no solicitar la compatibilidad de su cargo
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha dictado un auto de imputación contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito continuado de prevaricación. La resolución judicial se fundamenta en la omisión del regidor al no haber solicitado ante el pleno municipal la compatibilidad obligatoria para compaginar su cargo en régimen de dedicación exclusiva con su actividad privada como propietario y gestor de la cadena de televisión local Auria TV.
Según el magistrado instructor, resulta «evidente» la obligación del regidor de someter a votación de la corporación su situación administrativa. El auto señala que Pérez Jácome ha percibido más de 400.000 euros en concepto de salario público desde el año 2020 hasta la actualidad, una remuneración que, según el criterio jurídico expuesto, no tendría derecho a cobrar de no habérsele concedido formalmente la compatibilidad para sus actividades empresariales.
La investigación judicial sostiene que el alcalde habría actuado «a sabiendas de la ilegalidad que ello supone» y en perjuicio de las arcas municipales. El juez Álvarez enfatiza en su escrito que la normativa no admite interpretaciones alternativas y califica la conducta del investigado como una «vulneración absolutamente grosera» de la legislación vigente. Asimismo, el magistrado recuerda que el alcalde retiró en el pasado una solicitud de compatibilidad justo antes de ser debatida en el pleno, lo que indicaría, a juicio del tribunal, que era plenamente consciente de que el resultado de la votación podría serle desfavorable.
En el marco de las diligencias, el instructor ha desestimado un informe técnico presentado por la defensa del alcalde. El juzgado considera que dicho documento carece de valor probatorio al no presentar fundamentación económica ni jurídica sólida. El autor del informe reconoció ante la autoridad judicial que el contenido del mismo se basó exclusivamente en las declaraciones verbales facilitadas por el propio regidor, sin un análisis externo de la actividad de la mercantil televisiva.
Con esta resolución, el procedimiento penal entra en una fase determinante para esclarecer la responsabilidad de Gonzalo Pérez Jácome en el ejercicio de sus funciones. El caso subraya la relevancia del cumplimiento de los regímenes de dedicación exclusiva en la administración local y las consecuencias jurídicas derivadas de la omisión de los procedimientos de control parlamentario municipal.
