El Gobierno aprueba el Real Decreto para la regularización extraordinaria de 500.000 personas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto destinado a la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de personas extranjeras que residen en España. La medida, presentada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, establece un marco normativo para que los solicitantes que cumplan con los requisitos de arraigo y seguridad puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo por un periodo inicial de un año.

La portavoz del Ejecutivo ha definido la iniciativa como un hito de la legislatura basado en la «coherencia ética y la justicia social». Según el texto aprobado, el proceso administrativo busca integrar plenamente en el sistema productivo y social a miles de ciudadanos que ya conviven en el país, garantizando el acceso a derechos fundamentales y el cumplimiento de obligaciones tributarias y de seguridad social.

Calendario y canales de solicitud

El procedimiento administrativo se iniciará formalmente el próximo 16 de abril, fecha en la que se habilitará la plataforma telemática para la presentación de solicitudes de forma ininterrumpida. Ese mismo día se abrirá el sistema de cita previa para la atención presencial, aunque la asistencia física en las oficinas habilitadas no comenzará hasta el lunes 20 de abril. El plazo para completar el proceso finalizará el 30 de junio.

Para facilitar la tramitación, el Ministerio ha dispuesto cuatro vías de acceso: el uso de certificado electrónico, el registro a través de apoderamientos, la representación mediante profesionales colegiados (abogados, gestores y graduados sociales) y la colaboración de más de 150 entidades sociales inscritas. La atención presencial se llevará a cabo en horario de tarde en una red de 450 puntos que incluye oficinas de la Seguridad Social, sucursales de Correos y determinadas oficinas de extranjería.

Requisitos y criterios de seguridad

El Real Decreto exige el cumplimiento estricto de varios requisitos para la concesión del permiso. Los solicitantes deberán acreditar su estancia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido en territorio nacional al menos cinco meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud. La acreditación podrá realizarse mediante documentos públicos o privados verificables, como el certificado de empadronamiento, siempre que sean nominativos y cuenten con fecha fehaciente.

Asimismo, la norma establece como condición indispensable carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana. Quienes superen el proceso recibirán, junto a su permiso de residencia y trabajo, un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria de su comunidad autónoma de residencia.

Respaldo institucional y análisis económico

La ministra Saiz ha destacado que la medida cuenta con una «triple legitimidad». En el ámbito social, surge de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por 700.000 firmas y 900 asociaciones. En el plano político, la toma en consideración de la propuesta obtuvo el apoyo de 310 diputados en el Congreso. Finalmente, en el sector económico, cuenta con el aval de sindicatos y organizaciones empresariales de sectores como la agricultura, la construcción y el transporte.

El Ejecutivo ha fundamentado la decisión en informes técnicos, entre ellos el del Consejo de Estado, que ha valorado positivamente los objetivos de reducción de la irregularidad administrativa. Además, se han citado proyecciones de la Oficina Nacional de Prospectiva que vinculan la estabilidad migratoria con el mantenimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y la sostenibilidad de los servicios públicos y el tejido comercial a largo plazo.

Refuerzo de la capacidad administrativa

Para evitar el colapso de los servicios públicos y garantizar la agilidad del procedimiento, el Ministerio ha diseñado un plan operativo que incluye la incorporación de más de 550 profesionales adicionales. Este personal especializado se encargará exclusivamente de la gestión de expedientes, el estudio de la documentación y la resolución de las autorizaciones, con el objetivo de dar respuesta al volumen previsto de solicitudes antes del cierre del plazo en junio.