El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una inversión de 7.000 millones de euros
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa dotada con 7.000 millones de euros que busca triplicar los recursos del programa anterior. La estrategia del Ejecutivo se centra en ampliar el parque público de vivienda, blindar su calificación permanente y facilitar el acceso habitacional a jóvenes y rentas medias, en un contexto de alta tensión en el mercado inmobiliario.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este plan no requiere convalidación parlamentaria y se posiciona como una de las piezas angulares de la política económica para el cierre de la legislatura. El programa establece como prioridad absoluta la creación de un parque público que no pueda ser descalificado, garantizando que las promociones financiadas con fondos públicos mantengan su carácter social de forma permanente y no pasen al mercado libre.
En cuanto a la distribución de los recursos, el 40% del presupuesto se destinará al impulso de la vivienda protegida. Por otro lado, la rehabilitación de inmuebles ocupará un lugar destacado con una asignación cercana al 30% de los fondos totales. El plan incluye, además, incentivos específicos para la emancipación juvenil, abarcando ayudas tanto para el alquiler como para la adquisición en zonas rurales o en riesgo de despoblación.
Una de las novedades normativas es la inclusión de una «cláusula antifraude», diseñada para incrementar la transparencia en los procesos de adjudicación de vivienda protegida. Esta medida exigirá mecanismos de control público verificables como requisito indispensable para que los proyectos reciban financiación estatal, respondiendo así a las demandas de mayor rigor en la gestión de los recursos habitacionales.
La implementación efectiva del plan dependerá de la colaboración institucional con las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en materia de vivienda. El modelo diseñado por el Gobierno central requiere que las administraciones regionales cofinancien hasta el 40% del programa, lo que convierte la cooperación territorial en un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos fijados hasta 2030.
La ministra Rodríguez ha defendido que el objetivo final es convertir la vivienda protegida en un elemento estructural del sistema inmobiliario español. Según las previsiones del Ministerio, la mayor parte de la inversión se concentrará en aumentar la oferta de precios asequibles para frenar la especulación y paliar las dificultades de acceso que afectan especialmente a los núcleos urbanos y a los sectores más vulnerables de la población.
