El Tribunal Penal Internacional confirma los cargos contra Rodrigo Duterte y ordena su envío a juicio
La Sala de Cuestiones Preliminares I del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha confirmado este jueves por unanimidad los cargos por crímenes de lesa humanidad presentados contra el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Tras la culminación de las audiencias judiciales previas, la corte ha determinado que existen indicios suficientes para llevar al exmandatario a juicio por su responsabilidad en la denominada «guerra contra las drogas».
Según el comunicado oficial emitido por la institución con sede en La Haya, Duterte es considerado presunto responsable de delitos de asesinato e intento de asesinato, enmarcados en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Los magistrados han señalado que estos actos se cometieron como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil en territorio filipino, abarcando un periodo de actuación que se extiende desde noviembre de 2011 hasta el año 2019.
La decisión de la Sala se fundamenta en la revisión detallada de las pruebas presentadas por la Fiscalía y en los testimonios documentales remitidos por organizaciones de víctimas y familiares. Durante el proceso de deliberación, el tribunal rechazó las pretensiones de la defensa de Duterte, que intentó presentar informes adicionales sobre el estado de salud del exmandatario, de 81 años, con el fin de influir en el curso de las audiencias.
El mandato judicial ratifica la competencia del TPI para juzgar los hechos ocurridos durante la administración de Duterte, a pesar de que Filipinas se retiró formalmente del organismo internacional en marzo de 2019. La corte sostiene que el Estado mantiene la obligación de cooperar en relación con los procedimientos penales iniciados sobre crímenes que presuntamente ocurrieron mientras el país era Estado parte del tratado fundacional.
Con la confirmación de los cargos, el caso pasará ahora a una Sala de Primera Instancia, donde se llevará a cabo el juicio oral. Este proceso buscará dirimir la responsabilidad penal individual del expresidente en la estrategia de seguridad pública que, según organismos internacionales y grupos de derechos humanos, resultó en miles de ejecuciones extrajudiciales en el archipiélago asiático.
