Álvaro García Ortiz califica de «injusticia flagrante» la sentencia del Tribunal Supremo que motivó su cese
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha calificado este jueves como una «flagrante injusticia» la resolución del Tribunal Supremo que supuso su salida de la jefatura del Ministerio Público. Durante su intervención en un acto de reconocimiento celebrado en Santiago de Compostela, García Ortiz ha rechazado ser considerado una «víctima» o un «héroe», asegurando que el proceso judicial debe interpretarse como un incentivo para profundizar en reformas institucionales.
El evento, promovido por diversos sectores de la sociedad civil gallega, ha reunido a personalidades de los ámbitos jurídico, político, académico y ecologista. En este contexto, el ex fiscal general defendió la legitimidad de la figura que encabezó, calificándola como una de las más nítidas dentro del sistema judicial español, y se mostró «privilegiado» por haber ostentado dicha responsabilidad técnica y constitucional.
La declaración de García Ortiz se produce meses después de que el Tribunal Supremo dictara su inhabilitación por un periodo de dos años. El Alto Tribunal fundamentó su decisión en la comisión de un delito de revelación de secretos vinculado a la difusión de datos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal.
«No soy ningún héroe, pero tampoco ninguna víctima. ¡Pobre fiscal!… No soy ningún pobre», manifestó García Ortiz ante los asistentes, distanciándose de las narrativas de victimización personal. El ex fiscal general subrayó que su paso por la institución le otorga una perspectiva de compromiso con la transformación del entorno judicial, a pesar del fallo emitido por la Sala de lo Penal del Supremo.
El acto en la capital gallega ha servido como plataforma de apoyo para el jurista, quien ha mantenido una postura de defensa de la autonomía del Ministerio Público a lo largo de su mandato y tras su cese. La controversia jurídica en torno a la revelación de datos confidenciales y la posterior condena del Supremo continúa siendo uno de los puntos de debate más significativos en la reciente crónica judicial y política del país.
