La décima sesión del juicio por el caso «Kitchen» en la Audiencia Nacional ha estado marcada por el respaldo unánime de la antigua cúpula del Ministerio del Interior a los principales acusados, el exministro Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Durante su comparecencia como testigo, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la legalidad de las actuaciones policiales bajo sospecha y ha desvinculado a los responsables políticos de la gestión operativa de los fondos reservados.
Rajoy, que también ocupó la cartera de Interior en el pasado, calificó como «absurdo» que un titular del Ministerio esté al tanto de la captación de confidentes o de operaciones policiales concretas. En su declaración, el expresidente sostuvo que la operación desplegada en torno al extesorero Luis Bárcenas no tenía una motivación política, sino estrictamente policial, con el objetivo de localizar el patrimonio oculto del antiguo gestor de las cuentas del Partido Popular en el extranjero.
Respecto al uso de fondos reservados, uno de los pilares de la acusación de la Fiscalía —que solicita 15 años de prisión para Fernández Díaz y Martínez—, Rajoy explicó que ni él ni su ministro de Interior se encargaban de la distribución de estas partidas. Según su testimonio, el secretario de Estado se limitaba a firmar las cuantías destinadas a los cuerpos policiales, pero sin entrar en el detalle del destino final de cada euro, cuya responsabilidad recaía en las propias unidades operativas.
Esta línea de defensa fue reforzada por otros ex altos cargos que comparecieron en la misma jornada. Juan Ignacio Zoido, sucesor de Fernández Díaz, y los exsecretarios de Estado Ignacio Ulloa y José Antonio Nieto, coincidieron en señalar la complejidad del control administrativo de los fondos reservados. Nieto llegó a calificar de «tremendamente difícil» que se pudieran realizar pagos a confidentes sin que estos pasaran por los cauces de fiscalización previstos, incluyendo la rendición de cuentas semestral ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
La sesión también abordó las contradicciones sobre el destino de la información presuntamente sustraída a la familia Bárcenas. Dos agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Apoyo Operativo (UCAO) desmintieron la versión del comisario Enrique García Castaño, quien había afirmado que el contenido de los teléfonos del extesorero fue entregado en un ordenador portátil a Francisco Martínez. Los agentes aclararon que las reuniones mantenidas con el entonces secretario de Estado tuvieron un carácter técnico, relacionado con problemas informáticos de un buscador, y no con el volcado de dispositivos móviles.
El juicio prosigue su curso en la Audiencia Nacional con el objetivo de esclarecer si existió una trama parapolicial financiada con fondos públicos para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular. Las declaraciones de esta décima sesión suponen un giro en el desarrollo de la vista, al cerrar filas la antigua estructura política del Ministerio en torno a la legalidad de los procedimientos y la autonomía de las actuaciones policiales frente a las directrices ministeriales.
